El tercer sector pide a Fernández recapacitar en la privatización de servicios

Un total de 69 asociaciones sin ánimo de lucro han registrado un manifiesto

El denominado 'tercer sector', el colectivo de organizaciones sin ánimo de lucro que aglutina a 8.000 personas con discapacidad, ha emplazado hoy al presidente del Principado, Javier Fernández, a "recapacitar" sobre el proceso de privatización de los servicios sociales iniciado por el Gobierno.

Estas organizaciones han trasladado hoy al Gobierno y a la Junta General sus críticas a lo que consideran una "mercantilización" de los servicios sociales iniciada con la convocatoria de concursos para gestión de pisos tutelados y de las rutas de transporte, actividades que estos colectivos venían prestando hasta ahora.

Representantes de unas setenta entidades sociales han acudido hoy a las sedes de la Presidencia del Principado y de la Junta General para entregar un manifiesto que recoge sus reivindicaciones a la vez que han solicitado reunirse con el jefe del Ejecutivo y con los diferentes grupos parlamentarios de la Cámara regional.

El manifiesto alerta de que, con las medidas adoptadas por el Principado, se pone en peligro la actual red de centros y servicios de atención a la infancia, personas con discapacidad y otros colectivos en situación de exclusión o vulnerabilidad social.

A su juicio, con los servicios que venían prestando, a cuya adjudicación podrán optar ahora empresas si no se modifica la Ley de Servicios Sociales, las entidades del tercer sector han jugado un papel muy importante desde hace años "aportando al bien común recursos económicos, materiales, humanos e intelectuales".

Para las entidades del tercer sector, las medidas adoptadas por el Gobierno regional alteran el modelo de colaboración y de construcción de la red de servicios sociales implantada desde hace décadas y da prioridad al acceso a este sistema a empresas "con ánimo de lucro" frente a las necesidades y derechos de las personas.

Durante la concentración, a la que se han sumado el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, y el secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, la portavoz de los manifestantes y representante de la coordinadora de ONGs del Principado, Noemí Rodríguez, ha instado al jefe del Ejecutivo a "recapacitar" sobre unas políticas que llevan a la privatización y el desmantelamiento de la red de servicios públicos.

"Los verdaderos perjudicados son los beneficiarios de estos servicios", ha subrayado Rodríguez.

En relación con este asunto el consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, ha afirmado hoy que la reforma de la Ley de Servicios Sociales puede aprobarse antes de que finalice esta legislatura si hay voluntad política en la Junta General.

"El compromiso del Gobierno es que la modificación de la Ley entre a tiempo en la Junta General del Principado para que, si hay voluntad política, sea aprobada esta legislatura", ha subrayado.

Por su parte, la diputada del PP Victoria Delgado ha considerado que la Consejería de Bienestar Social está "en deuda" con el tercer sector tras haber generado unas expectativas y realizó unas promesas que no se han cumplido, "lo que ha provocado la frustración de entidades que han suplido durante décadas las carencias y la falta de estructura pública para atender a las personas discapacitadas".

En un comunicado, Delgado ha recordado, no obstante, que la Ley de Contratos del Sector Público obliga "sin excepciones" a que cualquier prestación que encargue una administración pagada con fondos públicos se contrate en condiciones de igualdad y de libre concurrencia.

Pese a esta obligatoriedad, reiterada en los informes del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General del Principado, Delgado ha considerado que el Gobierno regional tiene "instrumentos suficientes para poder sufragar los perjuicios que se les ha ocasionado" con los concursos ya convocados y dispone además de margen "para rebajar los rigores de la ley de Contratos Públicos".