La Agencia Tributaria no considera válida la regularización fiscal de Postigo
El dinero declarado en la amnistía fiscal de 2012 no cumplía los requisitos
Un informe de la Agencia Tributaria concluye que José Antonio Postigo no podía acogerse a la amnistía fiscal. Ésta, recuerda el informe, permitía regularizar patrimonio procedente de rentas que en su día no fueron correctamente declaradas. Un caso en el que no estaría, según la agencia, José Antonio Postigo.
Según consta en la investigación abierta por la Operación Hulla, el núcleo familiar del expresidente del Montepío regularizó algo más de 436.000 euros.
Postigo declaró en su día a Hacienda que esos fondos procedían de un dinero que tenía en casa. Pero los inspectores subrayan que del estudio patrimonial, se desprende que no ha desempeñado una actividad laboral que pueda generar este tipo de dinero oculto.
Por ello, entre los delitos por los que está siendo investigado en la Operación Hulla, también figura el de fraude fiscal.
El sector crítico del Montepío pedirá personarse en el caso
Por otro lado, los miembros del sector crítico del Montepío de la Minería Asturiana, un colectivo liderado por el ex secretario general de CCOO-Asturias Alberto Rubio, han anunciado su intención de personarse como acusación particular en la Operación Hulla con el objetivo de "defender los intereses de los mutualistas afectados por esta situación".
La Asociación de Mutualistas del Montepío, que esta semana reclamó la dimisión de los actuales responsables de la entidad, ha anunciado esta iniciativa a través de un comunicado en el que advierte de la "enorme consternación" que ha generado en la sociedad asturiana la causa que investiga varios delitos relacionados con la construcción del geriátrico del Montepío en Felechosa.
La intención del colectivo es "conocer el desarrollo de las investigaciones para que se tomen las medidas necesarias para poner orden en la entidad" y "garantizar" su "buena gestión.
El Montepío, presidido por Juan José González Pulgar desde junio de 2014, ha remarcado la "posición claramente rupturista" de la actual dirección, que ordenó una investigación interna y que denunció las presuntas irregularidades ante la Fiscalía.