La Audiencia Provincial deja en libertad provisional a los acusados del caso Renedo

Se les retira el pasaporte y deberán notificar cualquier cambio de domicilio

La Audiencia Provincial de Oviedo ha dejado hoy en libertad provisional a los condenados por el caso Renedo, a los que se les han impuesto penas que superan los 40 años de cárcel, desestimando así la petición de ingreso en prisión realizada por la acusación particular ejercida por Podemos.

El tribunal ha anunciado esta decisión tras la celebración de la audiencia prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde han comparecido los cinco principales condenados en la causa, el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; su número dos en el departamento, María Jesús Otero; la funcionaria Marta Renedo y los empresarios Alfonso Carlos Sánchez y Víctor Manuel Muñiz.

Durante la 'vistilla', la Fiscalía ha solicitado la libertad provisional para los condenadas, petición a la que se han adherido las acusaciones particulares ejercidas por el Principado y por María Teresa Porrúa, así como las populares a cargo de la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes y el Partido Progresista de Belmonte.

Según el Ministerio Público, en los condenados, que ya ingresaron en prisión provisional tras su detención, no concurre ninguno de los supuestos para aplicarles esa medida dado que no existe riesgo de fuga, no pueden alterar pruebas, tienen sus bienes incautados, han depositado cuantiosas fianzas y han cumplido "escrupulosamente" todas las medidas que les han sido impuestas por los tribunales.

Las defensas de los acusados se han sumado al criterio de la Fiscalía y la letrada de Otero ha afirmado que la "alarma social" aludida por Podemos no es tal y que se trata de una medida que sólo busca "presionar al Gobierno o a los jueces" mientras que el abogado de Riopedre, Sergio Herrero, ha señalado que la petición se fundamentaba en motivos "no jurídicos y derivados del juego político que afortunadamente se desarrolla fuera de este tribunal".

El letrado ha advertido además de que, en el caso de su defendido, incluso la posibilidad de que Riopedre deba ingresar en prisión cuando la sentencia sea firme -previsiblemente en un plazo de uno a cuatro años cuando se resuelvan los recursos- es "opinable" dada su edad, 77 años, y se ha preguntado si alguien cree "de verdad" que el ex consejero de Educación "tiene donde ir".

Herrero ha aportado además una certificación del saldo actual de las cuentas bancarias de Riopedre y su esposa, que suman 2.303 euros, y sendos informes médicos sobre los "graves padecimientos" que sufre derivados de sus "múltiples dolencias".

En la misma línea se han expresado las defensas de los empresarios condenados que han calificado "de mal gusto" promover una recogida de firmas como ha hecho OCAN, organización próxima a Podemos, -"es la primera vez que veo eso en mi vida", ha dicho uno de los letrados- o condicionar posibles acuerdos políticos con el Gobierno regional a que se sumase a dicha petición.

"No existe alarma social, existe alarma mediática", ha señalado el abogado del empresario Alfonso Carlos Sánchez mientras que el letrado de otra de las acusaciones particulares, a Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes, ha apuntado que no se puede quebrantar la ley "para convertir una condena provisional en una venganza".

Tras la vista y, en presencia de los cinco condenados que han rechazado intervenir en la vista, el presidente del tribunal ha anunciado su decisión y ha aceptado además dos de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, la retirada del pasaporte a los condenados y la obligatoriedad de notificar cualquier cambio de domicilio tanto de carácter temporal como definitivo.

La sentencia condena al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y a su número dos en el departamento, María Jesús Otero, a 6 y 9 años y medio de prisión, respectivamente, e impone también 9 años de cárcel a la funcionaria Marta Renedo Avilés por su participación en la trama de adjudicación irregular de contratos.

Además, los cuatro empresarios juzgados -Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo; Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín; Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, y José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería- fueron condenados a un total de 15,9 años de prisión.