Otero rechaza responder y niega "trato de favor" a Igrafo y Almacenes Pumarín

La exdirectora general de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, se ha negado hoy a responder a los grupos parlamentarios del 'caso Renedo' y ha asegurado que no tenía competencia para firmar contratos menores y que las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín no recibieron trato de favor.

Otero, la segunda compareciente ante la comisión tras el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, cesó en su cargo el mismo día que su superior jerárquico y solicitó su jubilación y, tras ser detenida el 26 de enero de 2011, ingresó en prisión y permaneció encarcelada más de un mes hasta que satisfizo una fianza de 200.000 euros.

Según la exdirectora general, nunca dio ninguna instrucción para que se comprase a Igrafo y Almacenes Pumarín, que disponían de más del 90 por ciento de material escolar homologado y que ya eran los mayores proveedores del Principado en este ámbito y de la antigua Dirección Provincial de Educación, dependiente del Ministerio.

Otero ha subrayado que en su etapa en la Consejería no hubo "ningún trato de favor" hacia estas empresas que tenían una posición "prevalente" en el mercado como proveedoras del Principado y de otras administraciones públicas y que únicamente dio instrucciones para que en las adjudicaciones se atendiese al precio y al servicio que prestasen las contratadas.

Así, ha incidido en la "rapidez" y el "buen servicio" que daban ambas compañías a las que, en algunas ocasiones, los propios centros mandaban el presupuesto de sus necesidades de material y que las dos empresas llegaron a trasladar "sin coste" el material existente en buen uso para colocarlo en otro colegio "y lo colocaban" con los cambios solicitados por la dirección o por la Consejería.

En estos procesos de adjudicación, ha afirmado, se aplicaba el máximo descuento ofrecido en la homologación del material y en ocasiones se acumulaban en un expediente peticiones de varios centros dado que el tanto por ciento de la rebaja "dependía de la cuantía del presupuesto".

Entre 2000 y 2009 se realizaron numerosas ampliaciones en institutos, colegios, conservatorios y escuelas de idiomas lo que la llevó a proponer que, en el caso de los centros de primaria y secundaria, se hiciese un contrato plurianual de obras de mantenimiento para el periodo comprendido entre 2005 y 2009.

Dicho contrato, ha apuntado Otero, salió a concurso público y fue adjudicado a empresas que no eran ni Igrafo ni Almacenes Pumarín lo que evitó la realización de "cientos de contratos menores".

Antes de iniciar su intervención, Otero ha sufrido una caída al resbalar la silla en la que estaba sentada, que posteriormente ha sido reemplazada por los servicios de la Junta General, lo que ha llevado al presidente de la comisión y diputado de UPyD, Ignacio Prendes, a disculparse por lo sucedido y a lamentar el percance.

Al igual que en el caso de Iglesias Riopedre, sólo el representante de UPyD ha formulado las preguntas que tenía preparadas mientras que IU las ha trasladado por escrito y han renunciado a plantear sus cuestiones los diputados del PSOE, Foro y PP.

La exdirectora general de Planificación, que ha comparecido acompañada de su abogado, está imputada en la causa que investiga una supuesta trama de corrupción en la adjudicación de contratos por la administración asturiana por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones legales y negociaciones prohibidas para funcionarios.