Comienza el juicio de Mina La Camocha a los cinco acusados de fraude
La Fiscalía solicita 9 años de cárcel para cada acusado y una multa de 17 millones
Hoy ha comenzado el juicio a los cincos acusados por el caso Mina La Camocha, la denuncia de un supuesto fraude hace quince años en ayudas de la Unión Europea para extracción de carbón.
La Fiscalía ha solicitado 9 años de cárcel y una multa de más de 17.000 de euros para cada uno.
Son el administrador único, dos apoderados, el presidente, y la responsable de la contabilidad de Mina La Camocha entre 1998 y 2000, acusados de tres delitos contra la Hacienda pública.
Por su parte, las defensas de los cinco acusados han coincidido a la hora de solicitar la nulidad del proceso ya que consideran que se han vulnerado los derechos fundamentales y argumentan, además, que los supuestos delitos que se les imputan ya han prescrito.
Los hechos
Fue en 1999 cuando la Guardia Civil inició la denominada Operación Baltasar que acabaría con la detención de los directivos de Mina La Camocha, Hullas del Coto quirós y Trabajos y Explotaciones por un supuesto delito de fraude en las subvenciones.
Las tres empresas habían conformado supuestamente un entramado que consistía en comprar carbón de fuera, más barato que el autóctono, con parte de las ayudas que recibían del Estado para mantener la explotación.
Según la Fiscalía, el carbón procedente de terceros países llegaba a Asturias en buques que descargaban en los puertos de Gijón/Xixón y Avilés.
Desde allí, y empleando un total de 137 camiones, trasladaban el mineral hasta las instalaciones de Mina La camocha. Una vez allí, según el relato de la Fiscalía, lo mezclaban mediante una pala excavadora con el carbón que ya se encontraba depositado en el lavadero de la mina.
El carbón ya mezclado, era trasladado hasta la térmica de Aboño, como si fuera carbón de producción propia. El Ministerio Público calcula que con este método, se trasladó a la térmica gijonesa más de 90.000 toneladas de carbón importado entre los años 1998 y 2000. La supuesta malversación superó los 17 millones de euros.