Luz verde a la nueva ley de proyectos de interés estratégico regional

La norma persigue la atracción de proyectos de índole industrial

El pleno del parlamento asturiano ha dado luz verde este viernes a la nueva ley de proyectos de interés estratégico regional que permitirá acortar los plazos y simplificar los procedimientos administrativos para la implantación de actividades empresariales.

El texto legislativo ha sido aprobado con los votos a favor de los diputados que conforman el Gobierno de coalición (PSOE y Convocatoria por Asturies-IU), los del PP y el parlamentario del grupo mixto Adrián Pumares, mientras que Vox y Covadonga Tomé han optado por la abstención.

La normativa contempla la creación de la figura del Proyecto de Interés Estratégico (PIER) cuya declaración, por parte del Consejo de Gobierno, permitirá un acceso inmediato a todas las herramientas de incentivo económico y financiero disponibles por la administración autonómica.

Para ser considerado PIER, las actividades empresariales deben crear cien empleos directos de carácter indefinido a jornada completa en el plazo máximo de tres años o ejecutar inversiones directas por valor de 30 millones de euros en dos años o mantener 200 empleos directos y de carácter indefinido a jornada completa durante de tres años.

Según la norma, cuando el proyecto se ejecute en algún concejo calificado como en crisis demográfica o en riesgo de despoblamiento, los umbrales de estos criterios se reducirán a la mitad.

Asimismo, la ley contempla que "excepcionalmente" cuando un proyecto no cumpla con estos requisitos cuantitativos, el Consejo de Gobierno podrá declararlo igualmente PIER "cuando tenga un impacto estratégico relevante" por su carácter innovador, su capacidad de dinamización, su contribución a la cohesión territorial o a la sostenibilidad medioambiental o su capacidad de mantener o generar un número significativo de empleos.

Resolución en tres meses
Los proyectos declarados PIER serán tramitados por la Administración del Principado y por los concejos de acuerdo al despacho prioritario y procedimiento de urgencia para lo cual se reducirán los plazos a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

En virtud la norma, el plazo máximo para resolver su declaración será de tres meses desde la fecha de la solicitud.

En el supuesto de que uno de estos proyectos se desarrolle sobre terrenos no reservados por los instrumentos de ordenación urbanística y/o territorial para los usos e intensidades previstos, la declaración de PIER prevalecerá sobre dicho planeamiento sin merma de las garantías ambientales, ha destacado Roqueñí.

La ley recoge que, en ningún caso, un proyecto se podrá asentar en suelo no urbanizable de costas, salvo los vinculados a actividades marítimas.

La revocación de la declaración de PIER, salvo que esta hubiera sido como consecuencia de una causa de fuerza mayor sobrevenida, implicará la devolución de las subvenciones y ayudas se hubieran recibido por parte de la administración autonómica.

"Potente" herramienta
En la defensa de la norma, la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, ha destacado que el texto es una "potente herramienta" para impulsar el desarrollo de proyectos de inversión que persigan el mantenimiento de la actividad existente, la transformación del tejido económico regional y la puesta en marcha de nueva actividad.

"Representa un paso de enorme trascendencia", ha garantizado al tiempo que ha subrayado que permitirá agilizar los trámites administrativos y competir "en igualdad o en mejores condiciones para la atracción de inversiones".

A juicio de la consejera, la norma dotará de una "ventaja adicional" para el asentamiento de los proyectos empresariales, dado que contempla una tramitación "urgente y preferente".

El PP apoya la ley "sin complejos"
El PP ha votado a favor, "sin ningún tipo de complejo", de una "buena ley" que se convertirá en un instrumento económico "útil" para mejorar la competitividad y la productividad de la comunidad.

"Cuando se pacta y se habla tienen un sí. Cuando actúan de manera sectaria, tendrán un tremendo no", ha dicho el diputado Andrés Ruiz.

Desde Vox, que ha optado por la abstención, el parlamentario Gonzalo Centeno ha señalado que el texto normativo "no está a la altura de las expectativas" y contiene "importantes lagunas y defectos".

En opinión de esta formación, el procedimiento sigue siendo "farragoso" y necesita medidas "más valientes".

El grupo de Convocatoria por Asturies-IU, que ha presentado una enmienda al texto que ha sido rechazada por PSOE, PP y Pumares, ha votado a favor por "responsabilidad", aunque no convence plenamente" al grupo parlamentario.

En palabras de la diputada Delia Campomanes, las propuestas de las fuerzas políticas que han sido incorporadas en el trámite parlamentario han mejorado algunos aspectos, pero también "han empeorado otros".

Así, ha explicado que algunas enmiendas que se han admitido en este proceso "pueden contribuir a generar confusión y ahí ganan siempre los grupos de poder y las multinacionales creando proyectos señuelo".

Por parte del grupo mixto, el diputado Adrián Pumares ha señalado que la normativa es "necesaria", aunque su aprobación llega "tarde" dado que la comunidad ha perdido la ocasión de atraer "nuevas inversiones".

La parlamentaria Covadonga Tomé, por su parte, ha optado por la abstención, puesto que la norma "no cumple" con sus expectativas iniciales.