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Los centros de acogida de Asturias están al máximo de su capacidad con 101 menores migrantes acogidos por lo que el Gobierno autonómico está estudiando ya de forma pormenorizada posibles alternativas que permitan incrementar ese número.
Asturias respalda la necesidad de dar una solución humanitaria a los menores no acompañados que actualmente están en Canarias aunque, según ha advertido la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, el compromiso debe ir acompañado de una financiación estatal adecuada.
En su opinión, "mirar hacia otro lado no solo sería insolidario e inhumano, sino incoherente con una visión de Estado" en unos momentos en los que "Canarias tiene un problema cierto y debe haber una respuesta que involucre a todos los demás territorios del país, sin excepción”.
Eso sí, y a falta de conocer cuántos menores recibirá Asturias, la consejera asturiana ha señalado que el esfuerzo de acogida debe ser "transparente, objetivable, equitativo y proporcional a la capacidad de cada territorio" y por lo tanto, tener en cuenta que una comunidad uniprovincial dispone de menos recursos que otras.
Tras señalar que la distribución debe ser dialogada con las administraciones autonómicas, Del Arco ha rechazado de plano los planteamientos xenófobos de la extrema derecha, que identifican a estos menores con delincuentes y que intentan "convertir una cuestión humanitaria en un problema de orden público, en el más puro estilo trumpista".
"Lamentamos que ese discurso racista, de odio al diferente, vaya siendo asumido por otras fuerzas políticas", ha afirmado.
Las comunidades autónomas, tienen hasta final de mes para trasladar al Gobierno sus datos de menores acogidos para que el Ejecutivo pueda hacer los cálculos de cuántos niños y jóvenes migrantes no acompañados son reubicados desde zonas tensionadas como Canarias hacia estas autonomías en virtud del real decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
El Ministerio de Juventud e Infancia convocará en abril una reunión sectorial con las comunidades autónomas para tratar la situación de los menores migrantes no acompañados que actualmente están en Canarias en la que, entre otros asuntos, se cerrará el reparto entre regiones.
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