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En su declaración ante el tribunal, el acusado, policía nacional en Langreo, asegura que no pidió los préstamos para enriquecerse sino para impulsar una empresa de vending que tenía. Y que el negocio fracasó, entre otras cosas, dice, por la COVID-19. Durante su derecho a la última palabra insistió en que su intención es devolver los 250 mil euros cuando pueda y que no actuó, señala, de mala fe.
Algo que no comparte la acusación particular. Sostiene que se aprovechó de su condición de policía para engañar a la familia que le prestó el dinero y denuncia que se suscribieron contratos cuando ya era consciente de que no iba tener capacidad de devolver el dinero apunta Cristina Fernández, abogada de la acusación particular.
Según el acusado, los préstamos se hicieron porque suponían beneficios para las dos partes: para los inversores porque recibían una mayor rentabilidad por el dinero prestado, y para él porque pagaba menos intereses al banco. La acusación particular recalca que los préstamos no fueron utilizados para invertir en la empresa, habla de engaño y pide seis años de prisión para el policía. La defensa, solicita la libre absolución y la fiscalía, que no acusa, pide el sobreseimiento.
El juicio, que ha quedado visto para sentencia, ha sido seguido por otras cinco personas que acusan a este mismo policía de estafa en otros procedimientos.
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