SOMA y CCOO descartan pedir responsabilidades por ahora sobre la tragedia minera

Belarmina Díaz confirma que las denuncias de Promining se tramitaron con normalidad

La consejera Belarmina Díaz confirma la recepción en marzo de las denuncias de Promining que alertaban de actividades no permitidas, como la extracción de carbón, en la mina de Zarréu. Lo que se hizo, según la consejera es darle el trámite administrativo normal. Así lo ha dicho esta mañana tras reunirse con representantes de los sindicatos SOMA y CCOO que, por el momento descartan pedir responsabilidades.

El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, ha avanzado este viernes que su sindicato, al igual que anunció ayer el Gobierno del Principado, se personará como acusación particular en la causa por el accidente por el que el pasado lunes murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos en la mina de Zarréu.

Tras mantener una reunión con la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, para analizar la situación tras el accidente, Alperi ha apostado por "trabajar con rigor" en el seno de la comisión especial de investigación acordada ayer por la Comisión Regional de Seguridad Minera.

El dirigente sindical ha pedido que se pongan a disposición de dicha comisión todos los informes y la documentación que disponga la consejería en torno a los permisos y los trabajos que se han desarrollado en esta mina del suroccidente asturiano.

Alperi también ha subrayado que si de todos los informes que hay que analizar se derivan "responsabilidades concretas" tendrán que "depurarse".

Preguntado por el hecho de que hubieran pasado seis meses desde la última inspección, Alperi ha precisado que las inspecciones se realizan de acuerdo a "un criterio técnico" y por tanto es el experto en minería el que sabe "cuándo tiene que inspeccionar y cuándo no".

A este respecto, ha expresado su confianza en el trabajo que hacen los actuarios de minas que hay en Asturias, y que, según ha dicho, son "los mejores del país".

La vicepresidenta Gimena Llamedo reconoce que ya en los primeros momentos de la investigación se detectó que la empresa Blue Solving estaba operando al margen de la autorización administrativa que se le había otorgado y que el expediente sancionador está en marcha.