El grupo TYC Narcea pedirá explicaciones al Principado por anunciar la suspensión cautelar de su autorización

La empresa no tienen comunicación oficial y asegura tener todo en regla

El grupo TYC Narcea, que explota la mina Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, pedirá explicaciones al Principado por anunciar la suspensión cautelar de su autorización para extraer antracita en su proyecto de investigación aprobado y vigente y que se utiliza para al sector siderúrgico donde ya han realizado varias pruebas industriales.

No tienen comunicación oficial, aseguran tener todo en regla y haber superado hace tan solo 18 días una inspección de Minas donde dos actuarios dieron apto. Se reservan acciones legales por el daño reputacional pues consideran que han realizado todo conforme a ley.

Vega de Rengos es la antigua mina que Carbonar explotó hasta 2018 en Cangas del Narcea. Desde hace cinco años la gestiona TYC Narcea, con sede en Grado. Fuentes de la empresa aseguran que han invertido más de tres millones y medio de euros en abrir una nueva galería. Sin subvenciones, como marca la ley.

Tienen mas de medio centenar de trabajadores, entre personal propio y subcontratados. Extraen antracita de alta calidad para usos siderúrgicos. Su principal cliente es Arcelor, que adquiriendo este carbón de bajo volátil, menos del 4%, y bajo azufre, reduce emisiones contaminantes.

El Principado autorizó a TYC Narcea un proyecto de investigación complementario para extraer antracita premium. En una primera fase, 30.000 toneladas. En diciembre de 2024 les concedieron una prórroga hasta julio de 2025 para extraer otras 90.000 toneladas. Aseguran estar acreditados, además, para comercializar todo tipo de antracita, no solo la procedente del proyecto de investigación.

Sorprendidos e indignados, aseguran tener todos los permisos exigidos por Minas y haber presentado siempre en tiempo y forma la documentación requerida por el Principado. Explican que el 18 de marzo superaron una inspección del Servicio de Minas. Dicen que tienen al menos una cada 20 días y todas, favorables.

No tienen comunicación oficial de la suspensión de su permiso, así que se pondrán en contacto con la Consejería para pedir explicaciones. Lamentan el daño que el anuncio hace a su imagen empresarial y estudiarán acciones legales.