Anticorrupción investiga la relación del Instituto del Carbón con Postigo

La investigación señala a tres cargos del Instituto de Reestructuración de las Comarcas Mineras

La investigación de la operación Hulla señala a tres cargos del Instituto de Reestructuración de las Comarcas Mineras por su papel en la concesión de la subvención al Montepío.

Los registros realizados en los últimos días han permitido a los investigadores incautarse de correos electrónicos que, aseguran, muestran que existía un contacto directo y permanente entre el jefe de infraestructuras del Instituto de Reestructuración de las Comarcas Mineras, Manuel Gómez Cano, y el exasesor fiscal del Montepío. Una correspondencia y unas reuniones en las que también participaba José Antonio Postigo.

La investigación se centra ahora en saber si el exgerente del Instituto, Carlos Fernández, estaba al tanto de esos contactos. La Fiscalía ha requerido ya los correos electrónicos entre estos dos altos cargos de la entidad.

En su querella, Anticorrupción otorga al gerente una "posición nuclear" en la concesión directa de la subvención al Montepío. Le considera responsable de los certificados y modificaciones de la normativa que permitieron la construcción del geriátrico.

También señala en sus pesquisas al interventor del Instituto, al considerar que no hubo comprobación material ni formal de a qué se estaba destinando la subvención.

La investigación también indaga en el papel que tenía la empresa denominada Posfer. Anticorrupción sospecha que, aunque figura a nombre del constructor y un socio, detrás también estaba Postigo. Esta empresa sólo tuvo un ingreso, un contrato con Repsol, para instalar el gas en la Residencia. Contrato que estaba condicionado al proyecto de gasificación de Aller.

En este punto, la Fiscalía dice que debe ser objeto de investigación la participación que en los hechos pudo tener el exalcalde Gabriel Pérez Villalta.