Arranca el juicio por el 'caso Renedo'

La mayor causa por corrupción en Asturias

El juicio por el 'caso Renedo', la mayor causa por corrupción abierta en Asturias, comienza mañana con las cuestiones previas en la Audiencia de Oviedo con 13 procesados en el banquillo, entre ellos el exconcejero socialista José Luis Iglesias Riopedre, y su número dos en el departamento de Educación, María Jesús Otero.

Los siete principales acusados de participar en esta trama de adjudicación de contratos públicos afrontan una petición del Fiscal de penas que suman 57 años de prisión, mientras que los otros seis sólo están señalados como presuntos autores de un delito de cohecho por las acusaciones populares.

Cerca de 40 sesiones se han previsto hasta el verano para el desarrollo de este macrojuicio en el que los 13 procesados están acusados de participar en una trama corrupta de adjudicación de contratos públicos que fue destapada en la última etapa de gobierno de Vicente Álvarez Areces y que supuso un quebranto millonario para las arcas públicas del Principado.

La investigación se remonta a principios de 2010 cuando se detectaron actuaciones irregulares en la adjudicación de contratos por parte de la funcionaria Marta Renedo Avilés, aunque no fue detenida hasta enero de 2011 junto a otros cuatro acusados de amañar contratos desde las Consejerías de Educación y Cultura.

Entre esos detenidos se encontraba el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, que había dimitido cinco meses antes de su cargo alegando motivos de salud, y su mano derecha, la ex directora general de Educación María Jesús Otero, que es la que se enfrenta a una mayor pena en esta causa.

El fiscal pide para Otero once años y medio de prisión por prevaricación, fraude y exacciones fiscales, malversación de caudales públicos y cohecho, así como una multa de 2,5 millones de euros, cantidad que habría recibido "como mínimo" de los gerentes de Igrafo y Almacenes Pumarín por amañar contratos.

Iglesias Riopedre afronta por los mismos delitos diez años y medio de cárcel y una multa de 400.000 euros, mientras que Marta Renedo puede ser condenada hasta diez años de prisión y multa de 480.000 euros por un delito continuado de falsificación de documento oficial en concurso con otro de malversación de caudales públicos, y otro continuado de cohecho.

El fiscal considera que Renedo "se quedó para sí o para entidades vinculadas a ella" 1,88 millones de euros procedentes de la administración regional y que recibió otros 460.000 euros de los gerentes de Igrafo y Almacenes Pumarín por favorecer a sus empresas.

Al otro lado de la administración se encontraban los gerentes de las empresas beneficiarias de esos contratos: el de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, que se enfrentan a sendas penas de 9 años de prisión y multas de 1,5 y 1,9 millones, respectivamente, por cohecho y falsificación, entre otros delitos.

El fiscal también interesa cuatro años de prisión para el gerente de ASAC Comunicaciones, Maximino Fernández, y tres años para el de Nora Proyectos e Ingeniería, Antonio José Azorín, por los delitos de falsificación de documentos, fraude y exacciones ilegales.

En total, el fiscal pide penas que suman los 57 años de prisión para estos siete acusados, aunque en el banquillo también se sentarán otros seis trabajadores y funcionarios municipales que presuntamente recibieron favores de la trama, sobre los que sólo formulan cargos las acusaciones populares por un delito de cohecho.

Entre ellos, tres trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo Paz Rodríguez Pendás, José Villa Cantero e Isaac Ovies García; Francisco Javier Juárez (funcionario del Ayuntamiento de Mieres), José Manuel Blanco (Funcionario de la Escuela de Ingeniería) y Braulio Iglesias (trabajador del Ayuntamiento de Avilés).

La declaración de los trece procesados se sucederán a lo largo de tres días de la segunda semana de abril, y a partir del día 18 del mismo mes tocará el turno a los 180 testigos que han sido citados por las partes y que, a un ritmo de nueve diarios, y tres veces por semana, prolongarán esta prueba hasta mediados de junio.

Con el mes de julio reservado para la prueba documental y pericial y tres días más para las conclusiones, este macrojuicio no estará listo para sentencia antes del 3 de agosto, según las previsiones que maneja la Audiencia Provincial de Oviedo.