El Gobierno asturiano se ha comprometido hoy a mantener la atención sanitaria a las personas desempleadas que hayan agotado la prestación y permanezcan más de tres meses en el extranjero y ha anunciado que estudiará las alternativas para garantizar esta prestación "dentro de la legalidad vigente".
En un comunicado, la Consejería de Sanidad del Principado señala que esta medida, que entró en vigor el pasado 1 de enero, se suma a las adoptadas con otros colectivos "vulnerables" a los que el Gobierno central ha dejado ya sin cobertura sanitaria, como es el caso de los inmigrantes en situación irregular.
Según el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, esta decisión confirma el cambio de modelo de servicio público que ha introducido el Gobierno del PP al dejar de considerar la atención sanitaria como un derecho universal y vincularlo a cotizaciones sociales con distinta condición, de asegurado o beneficiario.
De esta forma, añade el consejero, grupos de ciudadanos, como ya ocurrió con los inmigrantes en situación irregular, quedan en una situación de exclusión en el servicio sanitario público y de pérdida de derechos "que puede retrotraer al modelo de beneficencia".
Para Blanco, la solidaridad entre las personas con rentas altas y bajas, los sanos y los enfermos, los jóvenes y los mayores "son el mejor valor de un sistema universal y queda tremendamente afectada por este tipo de medidas" que, asegura, el Gobierno que preside el socialista Javier Fernández "no va a consentir".
El consejero de Sanidad asturiano se ha pronunciado así horas después de que el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, denunciara que los trabajadores que hayan agotado la prestación por desempleo y pasen más de 90 días fuera de España perderán la tarjeta sanitaria y anunciara que iba a pedir a Andalucía y Asturias que no apliquen esta medida "torpe" e "inhumana".
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