El Principado pide 32 años de prisión para Riopedre, Otero y Renedo

Considera probado que Riopedre y Otero favorecieron la adjudicación de contratos a Igrafo y Almaces Pumarín

Los servicios jurídicos del Principado consideran acreditado que el entonces consejero de educación y la directora de planificación, Iglesias Riopedre y María Jesús Otero, favoreciendo la adjudicación de contratos de la consejería a varias entidades. 

Todas ellas, dependientes de los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez. También les otorgaban a ellos el material de oficina. 

Según el escrito de calificación, era una práctica constante la adjudicación de los equipamientos a Igrafo y Almacenes Pumarín en detrimento de otras entidades igualmente homologadas.

A cambio de estas prácticas, tanto Otero como Riopedre recibieron, según el principado, diferentes dádivas, entre ellas varios viajes.

La mayor pena, la solicita el Principado, para María Jesús Otero. A la exdirectora de planificación le pide once años y seis meses de prisión y una multa de dos millones y medio de euros por los delitos de cohecho, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.

Un año menos de cárcel se pide para el que fuera exconsejero, Iglesias Riopedre, que se enfrenta a diez años y medio de prisión y 400.000 euros de multa por cohecho, prevaricación, fraude y malversación.

Las penas son idénticas a las que solicita la Fiscalía. 

También en el caso de la exjefa de servicio, Marta Renedo, a la que también se le acusa de favorecer a Igrafo y Almacenes Pumarín. A ella, además de cohecho y falsificación de documento oficial, se le acusa también de malversación de caudales públicos y se le pide diez años de cárcel, una multa de 480.000 euros y una idenmnización cercana a los dos millones de euros.