El SOMA pide más pruebas para determinar el estado de salud de Villa

El notario de Fernández Villa presta declaración en Oviedo

La representación legal del SOMA-FITAG-UGT pedirá al juzgado de instrucción número 2 de Oviedo más pruebas para determinar la situación médica de su ex secretario general José Ángel Fernández Villa, que el pasado lunes fue exonerado de prestar declaración a la vista de un informe forense.

Los abogados que representan al sindicato, Luis Llanes y Miguel García Vigil, han planteado esta cuestión después de que prestara testimonio ante el juzgado el notario Luis Ignacio Fernández Posada, que hace dos meses dio fe de que Fernández Villa se encontraba en facultades de otorgar un poder para ser representado en la causa abierta tras la querella presentada por el sindicato contra él.

Según los letrados, el notario ha ratificado que Fernández Villa estaba capacitado para otorgar el poder, pero han considerado necesario "que se investigue un poco más y se presente nuevas pruebas" antes de que el tribunal decida si se le puede o no imputar.

Por su parte, el notario, citado por la magistrada María Simonet Quelle Coto tras suspender el pasado lunes la declaración de Villa a la vista del informe de los forenses que lo visitaron en su domicilio la pasada semana, se ha limitado a señalar a los periodistas que intervino "como profesional en alguna cuestión que es de carácter reservado y no hay nada que decir".

Además, la jueza que instruye la causa ha decidido citar a declarar como testigos a otros responsables del SOMA-FITAG-UGT y de Infidetal y como había solicitado la defensa del ex secretario de dicha fundación, Pedro Castillejo, contra el que también se querelló el sindicato minero.

La organización sindical presentó en septiembre una querella contra Villa reclamando la devolución de 360.000 euros en concepto de gastos sin justificar así como por la apropiación de dietas de asistencia destinadas a los miembros del sindicato que acudían a las reuniones del comité intercentros de Hunosa.

Fernández Villa ya presentó el pasado año un informe para justificar su incomparecencia ante la comisión parlamentaria que investigaba el origen de la fortuna de 1,4 millones de euros que regularizó en la amnistía fiscal de 2012.

El Parlamento regional pidió entonces a la Fiscalía que determinase si correspondía abrir un procedimiento de incapacitación de Villa dado que la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos que puedan ser determinantes para adoptar esta medida.