El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha apartado de su cargo al jefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López, por pérdida de confianza y ha anunciado que su sustituto temporal será el actual jefe de División Operativa, Luis Manuel García Pena.
El cese del comisario supone apartarle de sus funciones como jefe de la Policía Local, pero no contempla suspensión de empleo y sueldo.
El alcalde de Oviedo no descarta, sin embargo, tomar más adelante otras medidas contra él o contra el subinspector de la Policía, también investigado.
El regidor socialista ha recalcado que la destitución del Comisario no se produce solo por su implicación en la Operación Enredadera. Si no por una serie de hechos acumulados durante los últimos años que han mermado su confianza en él y han llevado el descontrol a algunas áreas del servicio.
Los abogados recalcan que su cliente nunca se ha opuesto a cumplir ninguna orden y que solo en ocasiones ha dado una opinión discrepante en cuestiones de carácter técnico. No descartan, cuando conozcan los motivos, recurrir a los tribunales.
La causa, que continúa secreta, está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.
Los sindicatos piden abrir una investigación
Los sindicatos piden que se abra una investigación interna de carácter reservado en la Policía de forma paralela a las investigaciones de la Operación Enredadera.
Descartan, eso sí, cualquier comisión de carácter político. En un comunicado leído ante los medios, piden también una auditoría interna de todos los contratos relacionados con el cuerpo de la Policía en los últimos 10 años.
A pesar de recalcar que el cese del comisario es una competencia del alcalde, apoyan la decisión. STAO, CCOO, UGT, CSIF Y CSI han exigido la retirada de competencias de todo el personal encausado así como medidas cautelares de carácter administrativo. Un punto del que se desmarca el sindicato Sipla, al no haber, dicen, una sentencia firme.
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