El decreto de prórroga presupuestaria para 2016 aprobado hoy por el Consejo de Gobierno permitirá al Ejecutivo mantener las prioridades políticas fijadas en el proyecto de cuentas públicas que retiró del Parlamento tras constatar que no iba ser aprobado al presentar enmienda de totalidad PP, Foro, Ciudadanos y Podemos.
Según ha señalado en rueda prensa la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, la prórroga dificulta la "agilidad" en la gestión presupuestaria en comparación con "el mejor escenario posible" que es disponer de unas cuentas públicas aprobadas y que puedan ejecutarse desde el 1 de enero.
De esta manera, la disposición inicial de fondos para 2016 será de 3.954 millones -cuatro millones menos que la cuantía total del presupuesto de 2015 tras suprimirse programas o servicios y a agotados en este ejercicio- frente a los 4.121 millones a los que se elevaba el proyecto elaborado por el Gobierno para el próximo año.
Pese a esta limitación, y a la necesidad de seguir cumpliendo el objetivo de deuda y déficit fijado para 2016, el Gobierno mantendrá los compromisos que reflejó en su proyecto presupuestario en cuestiones como la recuperación de derechos de los empleados públicos o las convocatoria de empleo en la administración.
Así, la consejera ha considerado que mediante las modificaciones de crédito oportunas se podrá cumplir -en enero como estaba previsto inicialmente o pocos meses después- el pago del segundo plazo de la paga extra suprimida a los funcionarios en 2012 y las oposiciones en en educación en las que estaba previsto convocar 400 plazas.
Además, a lo largo del mes de enero la Consejería de Hacienda revisará el estado de ingresos que tendrá vigencia durante la prórroga y, en caso de que fuera inferior al prorrogado, se llevarían a cabo las retenciones de crédito necesarias para mantener el equilibrio presupuestario.
Hasta que no finalice este proceso que se afrontará, según Carcedo, con el objetivo de "limitar al máximo los efectos de la prórroga" y permitir que Asturias cuente en 2016 "con los máximos recursos disponibles", el Gobierno no empezará a plantearse la posibilidad de solicitar créditos extraordinarios que requerirían de su aprobación en la Junta General como ya se hizo en 2014.
Entonces, y con el apoyo del PP, el Gobierno incrementó en 343 millones el presupuesto prorrogado a través de dos leyes de crédito por importe de 267 millones y de una ley de amortización de préstamos por una cuantía de 76 millones destinados al pago de la deuda autonómica.
El pago de la deuda será uno de los aspectos que posibilitarán un 'ahorro' respecto a 2015 dado que para este año se habían presupuestado 536 millones frente a los 508 previstos para el próximo año aunque el Gobierno no podrá utilizar dichos fondos para pagar su endeudamiento ante la obligatoriedad de cumplir con los limites fijados para este ámbito y para el déficit por el Estado.
Otro de los aspectos que permitirán al Ejecutivo compensar el efecto de la prórroga será el incremento previsto en la aportación estatal con cargo al sistema de financiación autonómica dado que Asturias recibirá el próximo año 153,7 millones más que en 2015 y el Principado estudia pedir a Hacienda que anticipe estos pagos para incorporar esos fondos a la prórroga de la forma más rápida.
Según Carcedo, la primera modificación presupuestaria que se aprobará será la relativa a la disposición de fondos para la convocatoria de oposiciones en enseñanza secundaria -que figuraba en el presupuesto de 2016 pero no en el de 2015- para que éstas puedan llevarse a cabo al igual que las previstas tanto para el sector sanitario como para el resto de la administración autonómica.
En este ámbito, el Gobierno deberá estudiar además si la subida del 1 por ciento del salario para los empleados públicos aprobada por el Ejecutivo central puede llevarse a cabo mediante una modificación presupuestaria o si requeriría de la tramitación de un proyecto de ley en el Parlamento para disponer de los fondos.
La falta de presupuesto determinará además que no puedan entrar en vigor los denominados impuestos 'verdes' pactados con IU ni la modificación del tributo de sucesiones para corregir el denominado 'error de salto'-en herencias de más de 150.000 euros un solo euro de diferencia obligaba a pagar 18.000 euros-, "un compromiso del Gobierno que no ha podido ser", según la consejera.
No obstante, en relación con este impuesto, el Ejecutivo analizará "todas las circunstancias" antes de decidir si opta por presentar una ley en la Junta que introduzca la modificación que estaba prevista en el proyecto presupuestario que retiró.
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