Fomento recuerda que lo hecho en El Musel se hizo con el visto bueno de las autoridades

"Ahora lo que procede es evitar hacer juicio paralelos"

La consejera de Fomento del Principado, Belén Fernández, ha declarado hoy que "todas y cada una de las acusaciones" que aparecen en el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que determina graves irregularidades en el proyecto de ampliación de El Musel, "pueden ser refutadas".

"Hay respuesta para todas y cada una de las acusaciones, y acreditadas probadamente a través de documentación", ha explicado la consejera, que hoy ha estado en Avilés inaugurando el nuevo servicio de autobús para la línea con Luanco.

Fernández ha recalcado que "todo lo que se ha hecho en El Musel tanto a nivel de toma de decisiones como de gestión administrativa contable, y justificación de pagos y certificación de gastos, se ha hecho contando con los pronunciamientos favorables de la Autoridad Portuaria y de las distintas estancias del Estado".

El ente Puertos del Estado, el Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Intervención General del Estado, la Abogacía del Estado, y los tribunales de cuentas nacional y europeo "han emitido pronunciamientos favorables" a lo largo de todo el proceso.

"Ahora lo que procede es evitar hacer juicio paralelos que pueden ser prematuros y desatinados, y esperar a que la justicia haga su trabajo", ha considerado la consejera de Fomento.

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez aceptó investigar, como le pidió la Fiscalía Anticorrupción, las supuestas irregularidades cometidas en las obras de ampliación del puerto gijonés de El Musel, que costaron 800 millones, un 40 por ciento más que el presupuesto inicial.

El magistrado tomó esta decisión en un auto en el que abre diligencias a partir de una denuncia que presentó la Fiscalía contra los representantes y administradores de la UTE adjudicataria de las obras, Dique Torres, y de los representantes y miembros de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Las obras, que fueron adjudicadas por 580 millones en el año 2005, se financiaron en parte con fondos europeos, pero en vista de las sospechas de irregularidades en su ejecución la Comisión Europea solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto, de los que 198 ya han sido abonados.

Tras practicar varias diligencias, Anticorrupción considera que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación, estafa, falsedad, fraude a Hacienda y prevaricación.