La Junta General investigará los sobrecostes de la ampliación de El Musel

Constituirá una comisión de investigación

La Junta General del Principado ha acordado hoy por unanimidad constituir con carácter inmediato una comisión especial para investigar la ampliación del puerto de El Musel y determinar responsabilidades ante las irregularidades que hayan podido cometerse en este proyecto, que pueden suponer la pérdida de 247,5 millones de fondos comunitarios.

La constitución de esta comisión de investigación, que se suma a la que la próxima semana empezará a investigar los fondos mineros y la fortuna oculta del exlíder sindical José Ángel Fernández Villa.

La comisión había sido planteada por el PP en esta moción, pero también por Foro, a raíz de que la Unión Europea reclamase hace unas semanas la devolución de 247,5 millones de euros de fondos comunitarios que se utilizaron para este proyecto.

La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) constató en un informe que existen indicios claros de que se cometieron irregularidades y/o fraude en la financiación de las obras de ampliación y recomendó a la CE que recuperase el cien por cien de las ayudas concedidas.

Las obras de ampliación del puerto de Gijón, que fueron adjudicadas en 2005 por 580 millones de euros y acumularon un sobrecoste de más del 40 por ciento, recibieron unos 250 millones de euros de financiación comunitaria, de los que 198 millones ya han sido desembolsados.

Para popular José Agustín Cuervas-Mons, la ampliación del puerto gijonés "estuvo plagada de mentiras y medias verdades" a la hora de dar información de los sobrecostes

"Por una gestión calamitosa se puede perder una ingente cantidad de fondos europeos", ha afirmado el diputado del PP, que ha recordado que la obra fue gestionada de principio a fin por gobiernos socialistas en Madrid y Asturias, y que ha acusado a la consejera de Fomento de poner en peligro las subvenciones con sus declaraciones.

La portavoz de Foro, Cristina Coto, ha afirmado que se trata de un "escándalo de dimensiones extraordinarias" que exige investigar la actuación de la Autoridad Portuaria, pero también a Puertos del Estado y las administraciones estatal y autonómica.

El diputado de UPyD, Ignacio Prendes, ha recordado que El Musel es el puerto más endeudado del país, y ha dicho que hay que sacarle ya el mayor rendimiento posible para generar empleo y "aportar luz y transparencia" a un proceso que no lo ha tenido desde el principio, "sin escudarse en el pasado o la complejidad administrativa".

El portavoz de IU, Aurelio Martín, ha afirmado que hay que exigir "responsabilidad y transparencia" respecto a la ampliación del puerto, que "está viciada desde el minuto uno", que fue un procedimiento mal llevado y en el que fallaron los mecanismos de control desde el principio.

No obstante, ha advertido de que la comisión de investigación "va a quedar coja" porque quizás solo pueda llamar a comparecer a los que han sido nombrados por el Gobierno de Asturias y no a otros con responsabilidades directas en la Autoridad Portuaria.

Desde el PSOE, su portavoz, Fernando Lastra, ha advertido de que se trata de un "problema de España" y que el contenido de la denuncia de la OLAF puede cuestionarse desde el Estado, que puede hacer imponer sus tesis porque hay argumentos suficientes para ello.

"El Gobierno español no se ha defendido", ha afirmado Lastra, que ha criticado su inacción a la hora de defenderse de la denuncia de la OLAF y que ha asegurado que el momento actual es el presentar alegaciones jurídicas y no el de hacer investigaciones antes de que el Reino conteste con seriedad y rigor lo que hay que hacer aquí.

Previamente se había aprobado por unanimidad un punto de una moción de IU para destinar más recursos para eliminar en el plazo de seis meses la lista de espera del salario social.