La comisión Villa apura plazos lejos de poder consensuar un dictamen

Los grupos han acordado incluir propuestas y enmiendas al borrador de Prendes

La comisión parlamentaria encargada de investigar la fortuna oculta del exlíder minero José Ángel Fernández Villa ha acordado hoy apurar al máximo los plazos para tratar de consensuar un dictamen que recoja las conclusiones de cuatro meses de trabajo, algo que, en principio, está lejos de conseguirse dadas las diferencias existentes entre sus integrantes.

De hecho, todos los grupos parlamentarios ha acordado hoy incluir propuestas y enmiendas al borrador de dictamen presentado por el presidente de la comisión, el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, que en el caso del PSOE supone una visión distinta con las objeciones a lo que fue el desarrollo de la comisión.

Foro también va a plantear aportaciones al texto de Prendes para exigir mayores responsabilidades políticas, si bien ya ha anunciado que les vale el borrador como base, mientras que desde IU consideran que no es adecuado y mantienen su rechazo inicial.

Estas enmiendas y propuestas serán analizadas de nuevo por la comisión el lunes, 16 de marzo, antes de que se reúna la junta de portavoces que debe decidir el orden del día del pleno de la próxima semana, último que se va a celebrar en la actual legislatura.

Si no se alcanza antes un consenso, tal y como prevén la mayoría de integrantes de la comisión, sus trabajos se darán por concluidos sin que se haya aclarado el origen del dinero y sin un dictamen que recoja las conclusiones de la misma.

"Yo creo que no hay tiempo para retomar un documento consensuado por todos y que esto acaba hoy aquí, con la posición expresada por cada uno", ha presagiado el diputado de IU Luis Álvarez Payo, que no ha entregado hoy ningún documento con sus matizaciones, pero que lo hará antes del lunes.

Tampoco se ha mostrado optimista la diputada de Foro Esther Landa, para quien "todo indica que probablemente no se llegue a un acuerdo el lunes, aunque se vaya a intentar.

En cualquier caso, ha sido la única que ha respaldado abiertamente el borrador del dictamen de Prendes, aunque ha planteado la necesidad de exigir responsabilidades políticas por la gestión de los fondos al presidente, Javier Fernández, y a su antecesor, Vicente Álvarez Areces, y no sólo al consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre.

Prendes también ha reconocido que los plazos son muy apurados para tratar de consensuar un documento, pero ha incidido en que hay que hacer un esfuerzo para ver si hay alguna posibilidad de ponerse de acuerdo en torno a estas aportaciones.

Por contra, el portavoz socialista, Fernando Lastra ha mostrado su "discrepancia total" sobre el "enfoque distorsionado" dado por Prendes en su borrador, "lleno de juicios de valor y de prejuicios", y ante el que ha planteado una visión alternativa.

En ella, cuestiona la forma en la que se ha desarrollado la comisión, con peticiones ingentes de información y 67 comparecencias de las que no se obtuvo ninguna respuesta sobre el origen del dinero sometido a regularización fiscal por parte de Fernández Villa.

Lastra ha asegurado que las objeciones que mantienen sobre el documento de Prendes "son de mucho calado" y que, por lo tanto, no les vale su borrador como base para lograr un texto consensuado.

Desde el PP, Fernando Goñi ha insistido en que la comisión sigue sin saber de dónde procede el dinero de Villa, que era el principal objetivo y que, por lo tanto, quieren que tenga un mayor protagonismo en el dictamen.

Así, plantean que en el dictamen se considere reprobable la actitud mantenida por Fernández Villa, que se ponga de relieve su falta de colaboración, que se plantee la posibilidad de establecer mecanismos en la Junta General para evitar situaciones como las que se han producido con el ex diputado socialista y que se cree la Comisión del Estatuto del Diputado.

Asimismo cuestiona que las conclusiones de Prendes se centren en presuntas irregularidades cometidas en torno a la residencia geriátrica del Montepío de la Minería de Felechosa, en la que se invirtieron 31 millones de fondos mineros.