Libertad provisional para los cuatro detenidos en la Operación Hulla

La jueza mantiene el secreto de sumario

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, Begoña Fernández, ha dejado en libertad provisional a los cuatro detenidos el pasado martes en la Operación Hulla, que investiga el presunto desvío, apropiación y ocultación de fondos públicos y privados del Montepío de la Minería Asturiana.

El expresidente del Montepío de la Minería Asturiana José Antonio Postigo, el ex asesor fiscal de la mutualidad J.M.F.F., y Juan Antonio Fernández, propietario de la constructora que ejecutó el geriátrico de Felechosa, han quedado en libertad sin fianza, con la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes y la jueza ha decretado además la retirada de sus pasaportes.

El cuarto detenido es el arquitecto de la residencia, Manuel Sastre, que ha quedado en libertad sin fianza aunque en calidad de investigado.

La jueza, que mantiene el secreto de sumario, ha adoptado esta decisión tras interrogar a los cuatro acusados por separado desde primera hora de la tarde, según han informado los abogados a la salida del Palacio de Justicia de Oviedo, en torno a las 1:00 horas.

Los fiscales anticorrupción desplazados desde Madrid para los interrogatorios, Carmen García Cerdá e Ignacio Stampa, habían solicitado prisión provisional para el expresidente de la mutualidad, el constructor y ex asesor fiscal, eludible bajo el pago de una fianza de un millón de euros en el caso de los dos primeros y de 400.000 en el segundo.

La "Operación Hulla" está relacionada con la investigación del desvío, la apropiación y la ocultación de fondos públicos y privados del Montepío entre 2005 y 2014 y se inició tras el presunto blanqueo de capitales por parte del ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa, que en 2012 regularizó 1,4 millones en la amnistía fiscal mientras que Postigo regularizó otros 360.000 euros.

En la investigación también figura como investigado el que fuera máximo responsable del sindicato minero durante más de 35 años, que hoy también ha pasado por el Palacio de la Justicia de Oviedo, pero para someterse a un examen forense previo solicitado por su defensa, que considera que su estado físico y mental le impide declarar.

La operación se centra en la construcción del geriátrico "La Minería" en la localidad asturiana de Felechosa, en Aller, que supuso una inversión de 31 millones de euros con cargo a los fondos mineros.

La adjudicación del proyecto a la empresa Alcedo de los Caballeros se llevó a cabo durante el mandato de Postigo y, según sus sucesores, se llevó a cabo de forma legal, pero en su fórmula de tramitación se apreciaba "una cierta intencionalidad".

Así, según los actuales responsables del Montepío, se elaboró "un baremo a la carta" que posibilitó que las obras se adjudicaran a la compañía que presentó la oferta económica más elevada de las cinco que optaban y que daba carácter "prioritario" al desarrollo del centro de hidroterapia no incluido inicialmente en el proyecto.

Además, hasta 2009 los proyectos a ejecutar con cargo a fondos mineros sólo los hacían administraciones públicas, pero ese año se cambió la normativa de forma que pudieran llevarlas a cabo instituciones sin ánimo de lucro como era el caso del Montepío.

La empresa constructora del geriátrico de Felechosa se adjudicó posteriormente otros proyectos encargados por la mutualidad minera en Salamanca, Murcia y Almería por importe de algo más de 4,2 millones de euros.

Según se puso de manifiesto en la comisión de investigación constituida en el Parlamento asturiano sobre el origen de la fortuna de Fernández Villa, la empresa Alcedo de los Caballeros tenía en 2008 una plantilla media de 4,4 trabajadores y un patrimonio neto negativo de 6.006 euros.

De acuerdo a los datos del Registro Mercantil facilitados en dicha comisión, esta empresa obtuvo beneficios de 9,1 millones de euros entre 2009 y 2011, un año antes de que Fernández Villa y Postigo regularizasen sus fondos con la Hacienda pública.

Fernández Villa, cuya situación queda a la espera de conocerse el resultado del examen forense, llegó esta mañana a los juzgados en taxi y necesitó de la ayuda de sus acompañantes para caminar hasta la puerta del Palacio de Justicia.

En otra causa por apropiación indebida tras la querella interpuesta por el SOMA-UGT, para la que ya se ha decretado la apertura de juicio oral, su abogada presentó numerosos recursos para evitar su declaración ante la juez, algo que finalmente tuvo que hacer el pasado marzo, catorce meses después de ser citado por primera vez.

En aquella ocasión, un neurólogo designado por el juzgado para realizar el examen del estado mental del exlíder sindical ratificó que estaba en condiciones de someterse a un interrogatorio, aunque con preguntas cortas y con descansos.

Fernández Villa se enfrenta en esta otra causa a una petición de la Fiscalía de cinco años de cárcel por la presunta apropiación de 434.158 euros del sindicato.