Las plantas de la multinacional Alcoa en A Coruña y Avilés no podrán prestar el servicio de interrumpibilidad a partir del 1 de julio, tras comunicar en enero pasado que suspendían la producción de aluminio y desistían de prestar servicio, ni siquiera en el caso de aparecer un comprador con un proyecto viable.
Así lo ha comunicado la Delegación del Gobierno en Galicia en una nota relativa a Alcoa tras su solicitud de excepcionalidad para participar en la subasta de interrumpibilidad de energía eléctrica para el segundo semestre de 2019, que ha sido desestimada.
Directivos de las dos plantas de la multinacional estadounidense Alcoa indicaron el pasado 30 de enero que desistían de prestar servicio como consecuencia del despido colectivo acordado con los trabajadores y solicitaron autorización para participar en el proceso de habilitación para el siguiente periodo.
Alcoa alegó que concurrían motivos excepcionales y que esta cuestión resultaba imprescindible para hacer posible que la actividad se pudiera reanudar bajo el mando de un comprador o inversor.
El Gobierno argumenta que las condiciones de interrumpibilidad de energía eléctrica -que permite obtener un precio en condiciones ventajosas a cambio de que sus proveedores puedan suspender temporalmente el suministro en caso de necesidad- están sujetas a una orden de 2013.
Dicha norma establece que si un consumidor solicita no continuar prestando el servicio durante un periodo de entrega, ese desistimiento conllevará la imposibilidad del proveedor de ser prestador del servicio durante el período de entrega siguiente.
No obstante, la Dirección General de Política Energética y Minas del Gobierno central podrá autorizar la participación en la subasta siguiente cuando el desistimiento se hubiese producido por motivos excepcionales debidamente justificados por el interesado.
Sin embargo, en este caso, la solicitud de excepcionalidad planteada por Alcoa para participar en la subasta del segundo semestre, que se acaba de convocar, ha sido desestimada porque no concurren los motivos que requiere la norma, según el Gobierno.
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