González niega haber tramitado contratos y critica a Foro y PSOE

Arranca el juicio por presunto delito de prevaricación

El portavoz de IU en el Parlamento asturiano, Ángel González, ha negado hoy haber intervenido en el sistema de contratación de los monolitos para las fosas comunes del franquismo, una tramitación en la que la Fiscalía aprecia un delito de prevaricación por el que le pide siete años de inhabilitación.

González se ha manifestado así en la primera jornada del juicio que se sigue contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) -competente en la causa al tratarse de un aforado- y contra el secretario general técnico del departamento de Bienestar Social en el que el dirigente de IU era viceconsejero en 2010.

El portavoz de la coalición ha rechazado ante el tribunal haber mantenido la conversación que le atribuye la jefa de servicio que inició la tramitación del expediente, derivada después a otro funcionario, en la que González le habría emplazado a adjudicarlo como un contrato menor para acelerar su ejecución.

La causa arranca de un informe de la Sindicatura ratificado por el Tribunal de Cuentas que cuestionaba la contratación realizada y a los que no presentaron alegaciones los posteriores gobiernos de Foro y PSOE, un caso "único" en este tipo de dictámenes, según González, que ha reprochado a ambos ejecutivos que no contactaran con los anteriores responsables de la Consejería para aclarar la cuestión. 

En declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar en la vista oral, González se ha mostrado "satisfecho de que por fin se haga el juicio y pueda quedar claro todo".

El portavoz parlamentario de IU ha reiterado que en el procedimiento de adquisición de los monolitos no hubo ninguna "ilegalidad" porque no se hizo "nada contra ninguna ley".

Por ello, ha expresado su "absoluta tranquilidad" y su intención de defender su "honestidad", así como la del segundo acusado, Roberto Moro, que en 2010, época a la que se remontan los hechos investigados, era secretario general técnico de la Consejería de Bienestar Social cuando Ángel González ocupaba la Viceconsejería.

"Espero que se haga justicia adecuadamente", ha concluido González, acompañado de su abogada Ana García Boto a su llegada a la sede judicial.

La vista se celebrará hasta el miércoles en la sala de lo Civil y Penal del TSJA, que estará presidida por el propio presidente del Alto Tribunal, Ignacio Vidau, -al no poder hacerlo José Ignacio Pérez Villamil, instructor de la causa- y de la que también forman parte los magistrados Alejandro Criado y María José Margareto.

Ángel González y Roberto Moro se enfrentan a una solicitud de pena por parte de la Fiscalía de siete y cinco de inhabilitación, respectivamente, en relación a supuestas irregularidades en el procedimiento de adquisición de 76 monolitos para marcar fosas comunes y enterramientos realizados durante la guerra civil censados a raíz de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica.