La Fiscalía Anticorrupción fue la que inició la investigación que desencadenó la Operación Hulla, a raíz de la regularización fiscal, de más de un millón de euros, que realizó José Angel Fernández Villa. Ahora, el Ministerio público está analizando los informes y el auto para determinar si ratifica el sobreseimiento provisional que solicita la juez, o, por el contrario, decide recurrirlo.
Las acusaciones particulares personadas en la causa, ya han anunciado que acatan la resolución de la jueza. Tanto el Soma como el Montepío descartan el recurso.
Desde la mutualidad de la minería piden que se aclaren cuanto antes las responsabilidades en esta supuesta trama de corrupción en la construcción del geriátrico.
Una trama en la que siguen investigados el que fuera mano derecha de Villa, José Antonio Postigo, el arquitecto y el constructor del geriátrico, entre otros. Las defensas de estos dos últimos ya han anunciado que tampoco recurrirán el auto.
Villa ya fue condenado a tres años de prisión por apropiarse indebidamente de fondos del SOMA
El Caso Hulla comenzó a investigarse después de que Fernández Villa regularizase más de un millón de euros en la amnistía fiscal de 2012. Anticorrupción sospecha que tanto el exsindicalista como los investigados desviaron, y se apropiaron, de parte de la subvención que estaba destinada a la construcción del geriátrico.
En 2018, Villa fue condenado a tres años de prisión por otra causa, por apropiarse indebidamente de los fondos del SOMA. No llegó a entrar en la cárcel por la enfermedad que padece. La Fiscal Superior del Principado recordaba que esa causa, que se instruyó en Asturias, sirvió de base a la investigación de Anticorrupción y se muestra prudente sobre el sobreseimiento, ya que aún no había podido analizarlo.
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