Aprobadas por unanimidad las demandas de información de la comisión del Musel

Se trata de informes contables, técnicos y jurídicos

La comisión parlamentaria encargada de investigar las obras de ampliación de El Musel ha aprobado hoy por unanimidad todas las peticiones de información planteadas por los distintos grupos, según han indicado fuentes parlamentarias.

De esta forma, las distintas administraciones y empresas a las que se les requieran estos datos dispondrán de un plazo de quince días a partir de la fecha en que reciban la notificación para remitir los documentos solicitados a la Junta General.

Casi la totalidad de la documentación requerida -más del 90 por ciento- procede de Puertos del Estado y Autoridad Portuaria de Gijón, organismos que no tienen obligación de facilitar dicha información con lo que una hipotética negativa de ambos a entregarla abocará al "fracaso" a la comisión, según ha advertido el PSOE.

En su mayor parte, se trata de informes contables, técnicos y jurídicos, auditorías, contratos, actas de consejos de administración y documentación relativa al proceso de licitación y adjudicación de los trabajos y las certificaciones de obras.

Si los organismos a los que se les ha solicitado la información cumplen con los plazos, ésta debería estar ya en poder de la comisión antes de proceder a la solicitud de comparecencias.

La comisión sobre El Musel es la segunda que hay actualmente en marcha en el Parlamento regional, que está investigando también los fondos mineros y la fortuna oculta del histórico sindicalista minero José Ángel Fernández Villa.

Ésta es la quinta comisión que se constituye en el Parlamento regional en esta legislatura y su creación se decidió a raíz de que la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) constatara en un informe que existen indicios claros de que se cometieron irregularidades y/o fraude en la financiación de las obras de ampliación y recomendó a la CE que recuperase el cien por cien de las ayudas concedidas.

Las obras de ampliación del puerto de Gijón, que fueron adjudicadas en 2005 por 580 millones de euros y acumularon un sobrecoste de más del 40 por ciento, recibieron unos 247,5 millones de euros de financiación comunitaria, de los que 198 millones ya han sido desembolsados.