Asturias cerrará 2015 con unos 16.000 perceptores del salario social

El presupuesto asciende a 367,1 millones de euros

Asturias cerrará 2015 con unos 16.000 perceptores del salario social, una prestación a la que se destinarán en el próximo ejercicio 83,3 millones, una cantidad que los grupos de oposición creen que será insuficiente para atender una demanda creciente que aumenta a razón de 3.000 usuarios anuales.

Estos datos han sido facilitados hoy durante la comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado de la consejera de Bienestar Social, Graciela Blanco, para presentar los presupuestos de su departamento para el próximo ejercicio.

Blanco acudía por primera vez a la Junta como consejera tras tomar posesión de su cargo el pasado viernes para presentar un presupuesto de 367,1 millones de euros, un 12 por ciento más que en el prorrogado de 2013, un incremento derivado fundamentalmente del aumento de los fondos destinados al pago del salario social.

El presupuesto pactado por el Gobierno con el PP permitirá, según ha apuntado la consejera, ajustar la tramitación de las peticiones de salario social al plazo previsto en la ley -tres meses- cuando actualmente la demora media se sitúa en nueve meses y medio.

Según Blanco, la reducción de la demora media en la tramitación de las solicitudes ha sido posible, entre otros factores, por la utilización de la nueva herramienta informática destinada a su gestión y permitirá además acabar en la primavera del próximo año con la lista de espera existente, que ya ha bajado en 835 personas durante este año hasta situarse en menos de 4.000 personas.

En el ámbito de la aplicación de la Ley de Dependencia, Blanco ha señalado que el presupuesto permitirá acabar también con la lista de espera de esta prestación, a la que el Principado destinará 37,1 millones para el pago de prestaciones económicas, un 13 por ciento más que en 2014, lo que permitirá asumir la entrada en vigor del denominado grado I (dependencia moderada).

Por su parte, los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia dispondrán de 10,7 millones que permitirán asumir el gasto de la personas con grado I y el previsible incremento que se producirá en el número de personas atendidas tras la rebaja en el copago que se aplicará a partir de este mes con lo que se alcanzarán los 2.800 beneficiarios en la primera y se duplicarán los 748 de la segunda.

En cuanto a las políticas de vivienda, que en su conjunto recibirán 29,1 millones de euros, el presupuesto prevé incrementar un 44,89 por ciento el capítulo de inversiones que permitirá afrontar los proyectos de construcción de unas 270 viviendas y realizar obras de mantenimiento y reparación en el parque público.

Para la portavoz de Foro, Esther Landa, el incremento que presenta un presupuesto "continuista" se concentra en el salario social y en el programa contra la pobreza infantil pese a que seguirá siendo insuficiente para atender ambas necesidades dado que la situación es "incluso peor que la de hace un año".

Así, ha cuestionado que los 83,3 millones previstos para el salario social no servirán para atender la creciente demanda de esta prestación y las ayudas a la pobreza infantil sólo permitirán facilitar 700 euros anuales a unas tres mil de las once mil familias asturianas que se encuentran en situación de recibir esta cantidad.

Por su parte, la parlamentaria del PP Victoria Delgado ha incidido en que el presupuesto lo gestionará tanto el Gobierno actual como el que salga elegido en los próximos comicios y en que "no son" las cuentas que hubiera elaborado un Ejecutivo popular.

No obstante, ha advertido de que, dado que el presupuesto al menos garantiza la sostenibilidad de las políticas sociales, el PP consideró que en la actual coyuntura era necesario superar las diferencias políticas al estar en juego el mantenimiento de las prestaciones que reciben las personas más desfavorecidas.

Para la diputada de IU Noemí Martin, el presupuesto de Bienestar Social es "un listado de insuficiencias" con una dotación que no cubrirá todos los gastos del el salario social, sin partidas para los casos de pobreza energética y que mantiene cerradas por falta de fondos unas 200 plazas públicas en residencias para ancianos.

A su juicio, los 38 millones de euros que dejará de recaudar el Principado con la rebaja fiscal pactada por el PP acabarán afectando a las políticas sociales y, sumados a la reforma tributaria del Gobierno central, elevará a cien millones la cantidad que Asturias dejará de obtener, "lo que supone una auténtica irresponsabilidad".

Por último, el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, ha advertido de que el progresivo aumento del gasto en salario social lo que constata es el "indignante" aumento de la pobreza en un comunidad que, ha admitido, dispone de un buen sistema de servicios sociales.