La comisión parlamentaria que investiga la fortuna oculta del ex secretario general del SOMA UGT José Ángel Fernández Villa ha cerrado hoy sus ocho primeras jornadas de comparecencias sin conocer nuevos datos sobre el origen de los 1,4 millones de euros que regularizó en la amnistía fiscal de 2012.
A lo largo de las ocho sesiones de mañana y tarde celebradas desde el lunes de la semana pasada se han celebrado 53 comparecencias mientras que otras siete personas, incluido el propio Fernández Villa por prescripción médica al sufrir un "síndrome confusional", optaron por no atender la citación de la Junta.
Entre las ausencias se encuentran también las de varios representantes del Instituto del Carbón; el ex secretario de Estado de Energía, Nemesio Fernández Cuesta o el ex gerente de la Fundación para el Desarrollo de la Formación en Zonas Mineras del Carbón.
Por su parte, siete de los comparecientes, incluidos los familiares de Fernández Villa y los del ex presidente del Montepío, José Antonio Postigo, rechazaron al igual que este último responder a las preguntas de los diputados, actitud que también mantuvieron el gerente de la empresa que construyó el geriátrico de Felechosa y el ex secretario de la fundación Infide, Pedro Castillejo.
Para el miércoles de la próxima semana están citadas a comparecer otras seis personas, todas ellas relacionadas con el Montepío de la Minería que gestionó la construcción del geriátrico de Felechosa por importe de 31 millones de euros financiados con fondos mineros.
De esta forma se cerraría la ronda de comparecencias a la espera de si la comisión abre o no un nuevo turno de solicitudes tal y como plantea el diputado de UPyD y presidente de este órgano, Ignacio Prendes, que ha mostrado su voluntad de llamar a declarar a Luis Gómez, ex responsable de la empresa de gestión del suelo de Oviedo (Gesuosa), que intervino en la gestión del polígono industrial de Olloniego, construido también con cargo a los fondos mineros.
A lo largo de estos ochos días de comparecencias el geriátrico de Felechosa fue señalado como posible origen de la fortuna de Fernández Villa pese a que la empresa adjudicataria negó haberle realizado ningún pago ni tampoco a Postigo, que se acogió también a la amnistía fiscal para regularizar entre 300.000 y 400.000 euros.
Los testimonios de los comparecientes han permitido conocer además que Fernández Villa percibió entre 1989 y 2001 un total de 243.000 euros en cheques emitidos a su nombre por Hunosa y destinados al pago de dietas a los miembros del comité intercentros del SOMA UGT en la empresa mineras, cantidades que ya venía percibiendo desde 1978 y que no ingresó en la cuenta del sindicato.
En esta última jornada de la primera ronda de comparecencias ha prestado testimonio, entre otros, el ex secretario de la Fundación Instituto para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (Infide), Pedro Castillejo, que ha asegurado que esta organización es "totalmente ajena" a la fortuna de Villa, que la presidió desde 1993 hasta hace unos meses.
Castillejo, que se ha negado a responder a las preguntas de los diputados, ha señalado que su fundación nunca fijó asignaciones económicas para sus patronos ni para su presidente, que tampoco pidió nunca gastos de kilometraje o representación pese a que sí estaban previstos en sus estatutos.
Además, ha defendido la falta de anomalías tanto en las cuentas de la fundación como en las subvenciones públicas obtenidas o en las aportaciones realizadas por entidades privadas destinadas, según Castillejo, a programaciones "de contenido muy amplio" y que no siempre tenían un contenido finalista.
"Si se dividen las subvenciones relacionadas entre los años de gestión -desde 1993- lo que sale son migajas", ha apuntado.
Castillejo ha admitido que la situación de Villa "afecta a la imagen y credibilidad" de Infide que, ha apuntado, "no está sometida a investigación alguna" antes de advertir de que, tras dejar de ser miembro del patronato en diciembre, carece de autoridad para responder a preguntas y que su opinión personal "no viene al caso".
Por su parte, el administrador de Consultores de Gestión y Formación Empresarial, Arcadio Álvarez Díaz, ha asegurado que los sindicatos no presionaron en ningún momento para que metiese a alguna determinada persona en cursos con compromiso de contratación financiados con fondos mineros, incluido el realizado para el geriátrico de Felechosa.
"Pudo haber alguna llamada aislada interesándose por alguien, pero decíamos que la selección estaba hecha y que se dirigiesen a la empresa que iba a contratar", ha señalado antes de afirmar que en el proceso de selección para dicha residencia sólo les dieron indicaciones sobre los perfiles que querían sin sugerirles nombres.
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