El Defensor del Pueblo pide que se salvaguarde la UTE de Villabona

Becerril reclama una normativa específica que respete la singularidad de la UTE

El Defensor del Pueblo ha recriminado a Instituciones Penitenciarias que no haya tenido en cuenta la recomendación que hizo en 2014 para salvaguardar el programa de la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de la cárcel de Villabona, para la que ha vuelto a pedir una normativa específica que respete su singularidad.

En la memoria anual presentada hoy, se incide en que en 2014 ya dejó constancia de la preocupación que suscitaba la situación de la UTE de Villabona por decisiones de la dirección de la cárcel que habían llevado a flexibilizar las condiciones de estancia de los internos, rebajar el contenido del contrato terapéutico o poner en duda el valor de los programas que desarrollan las ONG colaboradoras.

La devaluación de las competencias del equipo multidisciplinar, la retirada a los profesionales de la UTE de su capacidad de decisión sobre quiénes permanecían en el programa o la reducción del servicio administrativo fueron también motivos esgrimidos por el Defensor del Pueblo para reclamar una norma específica.

En concreto, durante el pasado año pidió a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que dictara una instrucción reguladora de esta UTE "que contemplara fiel e íntegramente lo que tradicionalmente ha sido su modelo normal de funcionamiento, contenido en un documento pormenorizado" confeccionado en 1998 que se ha convertido en un referente de intervención penitenciaria en España.

No obstante, ha incidido en que la autoridad penitenciaria no ha tenido en cuenta esta recomendación en su integridad ya que se ha limitado a dictar "unas normas internas de regulación de las unidades terapéuticas y educativas existentes en todos los centros penitenciarios" que en algunos aspectos se apartan del modelo asturiano.

"Habida cuenta de la singularidad que el proyecto presenta", el Defensor del Pueblo ha reclamado "la necesidad de que sean respetados los planteamientos de intervención en los términos expuestos por los funcionarios que en su momento la alumbraron, cuyo esfuerzo permitió su ulterior desarrollo y público reconocimiento".

Así consta en el informe anual de 2014 que la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha entregado hoy a los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, respectivamente.