El gobierno asturiano ha asegurado hoy que está abierto al diálogo para acabar con la huelga que desde noviembre viven las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos, si bien ha pedido que se dejen atrás las posiciones de máximos para alcanzar una solución que permita mantener el actual modelo, basado en una empresa cien por cien pública.
Según el portavoz del Gobierno asturiano, Guillemo Peláez, tanto la gerencia de Itvasa, la empresa del Principado que presta el servicio, como el Ejecutivo autonómico "están abiertos siempre al diálogo con los trabajadores para poner fin al conflicto".
"Por nuestra parte, la voluntad de diálogo es absoluta", ha señalado el portavoz y consejero de Hacienda, que ha incidido en que poner fin a este conflicto, que está generando grandes perjuicios a los ciudadanos por las esperas a las que se ven sometidos para poder pasar la ITV, es una "absoluta prioridad para el Gobierno, lo que le obliga a tener alternativas".
No obstante, ha asegurado que el Gobierno asturiano sigue creyendo en el modelo público que funciona ahora mismo para prestar el servicio, al igual que los trabajadores, pero que la huelga está creando un "gran descrédito a este modelo", que es objeto también de ataques "porque hay intereses económicos detrás".
Por eso ha asegurado que "es obligación de todos abandonar la posición de máximos y tratar de llegar a un solución para que la huelga finalice cuanto antes" y evitar que los ciudadanos dejen de creer en el modelo asturiano, el único junto al andaluz que se presta desde una empresa pública.
"Gobierno y trabajadores confiamos en llegar a una solución que permita mantener un modelo en el que creemos", ha afirmado.
Frente al modelo asturiano, el PP ha planteado y va a defender en el parlamento regional una proposición de ley para que el servicio pueda abrirse a la colaboración privada.
Los empleados de Itvasa, iniciaron en noviembre paros para reclamar la jornada de 35 horas, un aumento de la plantilla y mejoras salariales.
El Principado licitará el seguro de responsabilidad en los mismos términos que en 2022
El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha asegurado hoy que el Principado va a volver licitar para contratar un seguro de responsabilidad civil en los mismos términos y cuantía que el quedó desierto en 2022 porque con un coste mayor no es rentable para el Principado.
Al término de la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda, que se ha estrenado hoy como portavoz del Ejecutivo asturiano, ha incidido en que este seguro no es imprescindible y que con él o sin él todos los ciudadanos están cubiertos.
En su opinión, se ha creado un clima de inseguridad que no se corresponde con la realidad porque, aunque no se cuente con ese seguro, la administración responde directamente ante las reclamaciones de responsabilidad civil que pueda plantear la ciudadanía.
"Aquí se hizo un concurso el año pasado que quedó desierto y decidimos que la administración n no lo contratase y que fuese ella quien cubriese el riesgo", ha señalado el consejero, que ha incidido en que se va a sacar a licitar de nuevo en las mismas condiciones y a un precio que consideran competitivo.
Por encima de esos términos, el Gobierno considera que no sería rentable y asumiría de nuevo directamente, al margen de las aseguradoras, las reclamaciones por responsabilidad civil.
Para el PP, sin embargo, es "una negligencia inadmisible" tener a todo el personal de la administración autonómica sin seguro de responsabilidad civil desde mayo de 2022.
Además de la presidencia del Principado y las distintas consejerías, el seguro debería cubrir al ente regional de servicios tributarios, el ERA, el SEPA, el Serida, el Sepepa, el Idepa, el Ridea, el Instituto de Riesgos Laborales, el centro regional de Bellas Artes, la OSPA, el Consejo de la Juventud o el Banco de Tierras, han enumerado.
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