El Montepío se expone a devolver los 31 millones del geriátrico de Felechosa

Antonio Merino asegura que un informe señalaba deficiencias en la justificación de la subvención

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) no descarta la posibilidad de pedir al Montepío de la Minería que reintegre, "con todas sus consecuencias", la subvención de 31 millones de euros asignada para construir su geriátrico en Felechosa, y de los que 28 millones ya han sido pagados.

Esta posibilidad la ha apuntado hoy el interventor delegado del Instituto del Carbón, Antonio Merino Díaz, durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga la fortuna oculta del ex secretario general del SOMA UGT José Ángel Fernández Villa y la gestión realizada en Asturias de los fondos mineros.

Según Merino, el geriátrico construido en Felechosa por el Montepío de la Minería, una entidad sin ánimo de lucro, había acumulado en su ejecución numerosas deficiencias en la tramitación de la iniciativa que fueron detectadas por el Instituto del Carbón.

El ex gerente del IRMC, Pedro Lázaro Viar, ha ratificado esta información y ha asegurado que el Montepío no respondió a los requerimientos que le realizó en diciembre de 2011 el Instituto para aclarar las "deficiencias" detectadas por este organismo.

Entre las deficiencias figuraban, según Viar, la justificación aparentemente incorrecta de algunos gastos debido fundamentalmente al hecho de que las facturas las remitía directamente la empresa constituida por el Montepío para gestionar el geriátrico y no directamente por la entidad beneficiaria de la subvención.

Asimismo, ha señalado que recibieron del Montepío una petición de incrementar en tres millones de euros los 31 que ya tenían autorizados aludiendo a los gastos financieros que les había generado el crédito solicitado para adelantar el pago del proyecto a la empresa constructora que había ejecutado el geriátrico.

Las causas concretas, según había señalado previamente Merino, figuran en un informe elaborado por la Intervención General de este organismo en diciembre de 2012 que influyó, entre otros aspectos, en la decisión adoptada por el Instituto de no haber liquidado todavía los 3,3 millones de euros de subvención que faltan por abonar al Montepío por este proyecto.

Merino ha eludido desvelar de forma exhaustiva el contenido del informe y ha asegurado desconocer, a preguntas de los diputados, por qué el organismo para el que trabaja no ha enviado ninguno de los documentos que le ha solicitado la comisión.

De hecho, el presidente de la comisión, el diputado de UPyD Ignacio Prendes, ha asegurado que el silencio y falta de colaboración que está mostrando el Instituto del Carbón es "inadmisible y un insulto para los asturianos".

Prendes, que considera que esa actitud obedece a una decisión política del Ministerio de Industria, se ha manifestado en estos términos a raíz de que el actual gerente del Instituto para la Reestructuración del Carbón y Reactivación de las Comarcas Mineras Juan Miguel Benítez, no acudiese a declarar hoy, y de que el IRMC no les haya enviado ni uno sólo de los documentos solicitados.

En contraposición, ha destacado la actitud que ha mostrado la Agencia Tributaria, que ha expresado su disposición a entregar el expediente de la regularización fiscal extraordinaria a la que se acogió Fernández-Villa, así como las declaraciones de la renta de él y su mujer durante los últimos cuatro años.

Prendes ha anunciado también que ha decidido pedir la comparecencia ante la comisión del exdirector de la sociedad municipal Gestión del Suelo de Oviedo (Gesuosa), Luis Gómez después de que el expresidente del Principado Juan Luis Rodríguez Vigil asociase su nombre con adjudicaciones indignas de parcelas en el polígono industrial de Olloniego.

Entre los comparecientes que hoy se encontraba también el ex secretario general de Energía Antonio Segura, que ha señalado que el Ministerio de Industria tenía un control "razonable" sobre la tramitación y desarrollo de los proyectos financiados con fondos mineros y, que de no haberse ejecutado "de forma ordenada", habría tenido conocimiento a través de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas.

Segura ha asegurado desconocer el origen del dinero de Villa con quien mantuvo una relación "estrictamente profesional e institucional" en las mesas de negociación del carbón.