El PP ha desvelado hoy que la Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha adjudicado este año varios contratos a la empresa "Aralia", implicada en el "caso Enredadera" y a La Productora, que estuvo también vinculada al 'caso Marea'.
El diputado regional del PP Matías Rodríguez Feito ha pedido a la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, que aclare cuanto antes las circunstancias de estas licitaciones y ha afirmado que va a solicitar al Consejo de Gobierno toda la documentación necesaria para esclarecer esta cuestión.
Según la documentación a la que ha tenido acceso la formación popular, la Consejería adjudicó un contrato de 200.000 euros para el servicio de intervención técnica especializada con menores alojados en centros y sus familiares a la empresa Aralia, especializada en servicios sociosanitarios, que ha sido relacionada con el "caso Enredadera".
En segundo lugar, se licitó una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Aralia y La Productora, relacionada con el caso Marea, por un valor de 1,2 millones de euros divididos en dos contratos.
Asimismo, Rodríguez Feíto ha exigido al ejecutivo regional la "máxima colaboración y transparencia" para aclarar si existen otras consejerías que se hayan visto envueltas en este asunto.
La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha señalado hoy que los contratos adjudicados a la empresa Aralia, vinculada en el "caso Enredadera", fueron licitados y adjudicados conforme a lo previsto en la normativa vigente en materia de contratación pública.
En un comunicado, la Consejería señala que la contratación del Principado "es pública y todos los procesos de contratación pueden consultarse en el perfil del contratante de la administración".
Además, señala que tiene en vigor con la empresa Aralia un contrato de servicios de intervención técnica especializada con menores alojados en centros y sus familias para procurar la reincorporación familiar, adjudicado por 24 meses con un presupuesto de 184.800 euros.
También son adjudicatarios en UTE con la empresa La Productora de dos lotes para la gestión del servicio de centro de Día de Cudillero y de Gijón Centro por un importe de 1,1 millones y dos años de plazo, señala la Consejería.
Moriyón dice que empresas municipales no tienen relación con caso Enredadera
La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha explicado hoy que las empresas municipales EMA, EMTUSA Y EMULSA no han tenido ninguna relación contractual con las entidades presuntamente vinculadas con el "caso Enredadera".
A preguntas de los periodistas, antes de participar en la presentación del directorio de empresas comprometidas con la igualdad en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, ha reiterado que el Ayuntamiento ha detectado dos contratos relacionados con estas compañías, el del servicio de ayuda a domicilio y otro relacionado con el servicio de bomberos.
Carmen Moriyón ha dicho que a nivel municipal se celebrará un Pleno el próximo día 16 para abordar este asunto y debatir sobre la creación de una comisión de investigación sobre la trama, a petición del PP.
La alcaldesa ha destacado que "la Justicia debe actuar" para esclarecer todo lo relacionado con el "caso Enredadera".
Oviedo se personará como acusación en la ·operación Enredadera"
El Ayuntamiento de Oviedo se personará como acusación particular en el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona que investiga la supuesta trama de corrupción en la adjudicación de contratos en materia de tráfico dentro de la "Operación Enredadera", según acordó hoy la Junta de Gobierno.
No obstante, aunque ha contado con el consenso de los tres grupos que conforman el equipo de gobierno -PSOE, SOMOS e IU-, sus representantes han mostrado públicamente su discrepancia en su planteamiento al convocar ruedas de prensa por separado para comunicar su posicionamiento.
La alcaldesa en funciones, la socialista Ana Rivas, ha anunciado que se han adoptado "todas las medidas" respaldadas por servicios municipales" y su personamiento se ha producido basándose en el informe de Abogacía Consistorial ante el daño que la "Operación Enredadera" está produciendo y las dudas que pueda plantear a la ciudadanía alguna actuación de los funcionarios.
Rivas ha censurado la actitud de Somos, sin nombrarlo explícitamente, por haber criticado la demora en un mes en el personamiento y ha asegurado que la postura de sus socios de gobierno le parece improcedente e impresentable porque no se hayan enterado de cuáles son las herramientas que se necesitan para que la Junta de Gobierno tome decisiones.
El concejal de Economía, Rubén Rosón, ha reiterado que desde el momento en que la Policía entró en las dependencias municipales su grupo Somos, "desde el minuto uno" pidió que el ayuntamiento se personase en las diligencias y ha ratificado de nuevo que se ha sufrido una demora de un mes en llevar a cabo esta actuación.
Rosón cree que ahora se está "en la buena dirección" para acabar con la supuesta trama de corrupción en defensa de los intereses de los ovetenses.
El concejal de Izquierda Unida Iván Álvarez ha afirmado que su grupo siempre ha dicho "desde el minuto uno" estaba pactado con el alcalde y sabían que se debía personar y está convencido de que el Ayuntamiento tiene que estar en la causa y que el gobierno del tripartito está "unido", aunque cada uno tenga su propio planteamiento a la hora de trasladarlo a la opinión pública.
El concejal del Partido Popular (PP), Agustín Iglesias Caunedo, ha dicho que su grupo respeta el criterio de Abogacía Consistorial y ese personamiento puede poner en riesgo cierta posición del ayuntamiento y ha asegurado que, a partir de ahí, es responsabilidad del equipo del tripartito.
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