La vicepresidenta y consejera de Presidencia del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, ha considero este jueves "prematuro" determinar las consecuencias para Asturias de la renuncia del Ejecutivo central a presentar unos presupuestos para este año tras el adelanto electoral en Cataluña.
A preguntas de los periodistas en la presentación del I Campus Iberoamericano Orígenes, Llamedo ha señalado que el Principado está analizando esas posibles repercursiones, pero ha recordado que, aún de haberse aprobado un presupuesto para 2024, estas cuentas no habrían entrado en vigor hasta dentro de varios meses "en una fecha muy avanzada del año".
A su juicio, la prórroga a aplicar garantiza además las inversiones previstas en Asturias y "la buena noticia" es que el Gobierno central trabaja ya para adelantar trabajo en la elaboración de las cuentas de 2025.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este jueves que va a empezar a trabajar en el cuadro macroeconómico de los futuros Presupuestos de 2025, que recogerán los preacuerdos alcanzados con los diferentes grupos políticos para las cuentas de 2024.
Desde la oposición consideran que la decisión del Gobierno de no presentar los presupuestos de 2024 perjudica a Asturias y que hace peligrar las inversiones en el Principado. Todo, dicen, por el chantaje al que el Gobierno está sometido por los independentistas.
Y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, no comparte la decisión de prorrogar los presupuestos.
La líder de Sumar de Sumar asegura que la comunicación de Moncloa les llegó ayer, en medio del encuentro que mantenían los equipos de sumar y el partido socialista sobre las cuentas.
El Principado considera que la prórroga presupuestaria tendrá "efectos limitados"
El consejero de Hacienda y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha asegurado hoy que prórroga de los presupuestos del Estados tendrá "efectos limitados" en Asturias ya que las principales inversiones responden a compromisos plurianuales y la subida del sueldo de los funcionarios o las entregas a cuenta de la financiación autonómica se verán resueltos vía decreto.
Tras reconocer que el Gobierno asturiano hubiese preferido que hubiera presupuestos este 2024, Peláez ha señalado que también es consciente de que su aprobación se habría dilatado en el tiempo y que no hubiesen entrado en vigor "prácticamente a finales de año".
"Los efectos prácticos de que haya presupuestos o no son limitados", ha subrayado el titular de Hacienda antes de asegurar que la continuidad de las inversiones programadas para Asturias "está garantizada" porque se corresponden con compromisos plurianulaes, como es el caso del plan de Cercanías.
El incremento anunciado del 2 por ciento en el salario de los empleados públicos se podrá articular a través de un decreto del gobierno, al igual que las actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica.
Tras recordar que esta solución ya se llevó a cabo en 2020, el consejero de Hacienda ha asegurado que esa actualización quedará solucionada en un "breve plazo de tiempo, no así los 29 millones de euros que tristemente se han perdido por el bloqueo del PP al techo de dédicit de las comunidades autónomas y ayuntamientos".
Además, en relación con las bonificaciones del peaje en la Autopista del Huerna, Peláez ha señalado que "no están en peligro" dado que el compromiso del Gobierno central pasaba porque la partida presupuestaria existente se destinara íntegramente a rebajas en la tarifa "y como en 2024 se renueva la partida presupuestaria de 2023, esas nuevas bonificaciones consiguen que se aproveche al máximo esa partida".
El pasado 27 de febrero el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, advirtió de que, aunque exista un amplio margen para mejorar la aplicación a los vehículos ligeros las bonificaciones en el coste del peaje de la Autopista del Huerna (AP-66), la evolución más positiva de las mismas vendría dada por la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Según Calvo, la aprobación de unas cuentas públicas para el Estado permitiría incrementar la cuantía prevista hasta ahora para aplicar bonificaciones a los usuarios, tanto vehículos pesados como ligeros, de la principal vía de comunicación entre Asturias y la Meseta después de que se constatara que, en el caso de los segundos, solo se vienen utilizando el 42 % de los fondos presupuestados con ese objetivo.
Además, se mostró confiado en que esta primavera se tramite ya la subida del 40 al 60 por ciento de la bonificación a los vehículos pesados mientras se sigue trabajando en una fórmula que permita beneficiarse a un mayor número de usuarios de vehículos ligeros -60% a partir del quinto trayecto individual y del tercero doble- flexibilizando "al máximo" los requisitos de manera que pueda aplicarse desde el primer viaje y puedan así gastarse las cuantías no ejecutadas.
Yolanda Díaz no comparte la renuncia a los presupuestos y Montero le recuerda Cataluña
La decisión del presidente Pedro Sánchez de renunciar a los presupuestos de 2024 para que la negociación presupuestaria no coincida con la campaña electoral catalana ha dividido al Gobierno de coalición, en el que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado claro que no la comparte.
Díaz ha afirmado en el Congreso que respeta la decisión de Sánchez, pero que no la comparte, porque, en su opinión, "hay que seguir gobernando y la ciudadanía, que está viviendo una crisis de inflación sin precedentes, necesita seguir ganando derechos".
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la decisión y ha explicado que, tras la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, los socialistas vieron "claro que no era el momento adecuado para una negociación con los grupos independentistas catalanes".
Montero ha asegurado que "Sumar sabe que no era posible" sacar adelante los presupuestos de 2024. "Lo que digan ahora no se a qué responde, pero tendrá su explicación", ha apuntado.
También ha señalado al papel que podría haber jugado Yolanda Díaz como líder de Sumar para haber conseguido que los comunes apoyaran las cuentas catalanas, lo que habría facilitado su aprobación y evitado el adelanto electoral.
"No puedo responder por lo que Sumar o Yolanda Díaz hayan planteado para que los comunes pudieran aprobar las cuentas públicas para Cataluña; a nosotros nos parecía que aprobar esas cuentas era importante", ha recalcado.
Trabajar ya en las cuentas de 2025
Tras recordar que los presupuestos de 2023 están prorrogados y que eso permite al Gobierno seguir adelante sin necesidad de hacer nada adicional, Montero ha confirmado que va a empezar a trabajar ya en el cuadro macroeconómico de las cuentas de 2025.
Según ha dicho, estas recogerán muchos preacuerdos alcanzados con sus socios parlamentarios, con los que llevaba semanas trabajando "intensamente" en los presupuestos de 2024.
Los socios parlamentarios, también divididos
Tampoco los socios parlamentarios del Gobierno han opinado de la misma manera sobre la renuncia a unos nuevos presupuestos, ya que mientras que el PNV ha dicho que la entiende y que "era algo que podía pasar" porque ya es tarde para aprobar las cuentas de 2024, en Bildu eran partidarios de seguir negociando.
Por su parte, fuentes de Junts han indicado que en esta negociación estaban aún muy lejos de llegar un acuerdo con el Gobierno.
Entretanto, el BNG ha advertido de que no permitirá que esa decisión suponga un "incumplimiento de medidas" pactadas en el acuerdo de investidura, al igual que Coalición Canaria, que ha confiado en que se puedan cumplir los acuerdos para desarrollar la agenda canaria.
Las medidas pactadas con los sindicatos
También los sindicatos CCOO y UGT han exigido al Gobierno que, pese a la prórroga presupuestaria, garantice el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que entre otras medidas recoge los incrementos salariales para este año para los funcionarios.
En un comunicado conjunto, han instado al Ejecutivo a trasladar al próximo real decreto ley, además de los incrementos retributivos, otras medidas como la jubilación parcial de personal funcionario y estatutario, la adaptación del Estatuto Básico del Empleado Público en materia de permisos y vacaciones, la culminación de la clasificación profesional y la puesta en marcha de las 35 horas en la Administración General del Estado.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado, en rueda de prensa, que el país "va a tener que funcionar con un presupuesto que no refleja la situación económica y las necesidades que hay" en él, pero ha reconocido también que, tal y como iba la elaboración de uno nuevo, con el techo de gasto vetado en el Senado, "ya iba a tener unas limitaciones importantes".
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