El Principado defiende que no pretende recaudar con el ERA sino gestionar bien

Graciela Blanco deja claro que las residencias públicas no son gratuitas

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, ha señalado hoy que la intención del Ejecutivo ante la polémica abierta por el cobro de liquidaciones a los herederos de ancianos fallecidos en residencias del ERA no es "recaudar" sino "gestionar bien" dicho organismo.

Algo que también ha reafirmado la gerente del ERA, Graciela Blanco, en su visita a la residiencia de ancianos de Bual.

Graciela Blanco ha dejado claro que las residencias públicas no son gratuitas.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Martínez ha reiterado el ofrecimiento realizado ayer a los grupos de oposición por la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, de revisar de oficio en dos meses las liquidaciones enviadas a los herederos desde 2011, fecha en la que entró en vigor el copago que sustituía al contrato de hospedaje vigente hasta entonces.

"Pretendemos que el ERA siga siendo un gran sistema público de residencia para los mayores pero no gratuito y eso implica trabajar por su sostenibilidad", ha subrayado Martínez que ha incidido en la necesidad de "armonizar" con la normativa actual el modelo de pago previo a la entrada en vigor de la Ley de Dependencia.

Según Martínez, el Gobierno ha sido transparente en este proceso y de ahí que haya pedido la implicación de los grupos parlamentarios para contribuir al sostenimiento de un sistema que genera un gasto de 116 millones anuales de los que 41 son aportados por los usuarios.

"No tenemos interés en recaudar nada no recaudable sino en gestionar bien el ERA", ha apuntado el portavoz del Gobierno.

Varela planteó ayer la puesta en marcha de ese proceso de revisión aunque también advirtió de que no habrá ni condonaciones ni paralizaciones dado que se podría incurrir prevaricación y se pondría en riesgo la sostenibilidad del actual sistema de atención a los ancianos.

El Gobierno regional enviará este año a los familiares de 1.880 personas fallecidas en residencias del ERA en 2014 y 2015 la liquidación de la deuda que tengan pendiente con la Administración regional, cantidades que van desde los 3.000 a los 70.000 euros.

La cuantía de la deuda se calcula en función de los años de los años que el usuario estuviera en la residencia, así como de su pensión, de su patrimonio y del grado de dependencia después de que entre 2007 y 2011, cuando entró en vigor el copago, se dejara sin liquidar a 4.448 familias de ancianos fallecidos en ese periodo.

De esta forma, el Principado, que ha justificado el retraso en las liquidaciones en el hecho de que se desconocía cómo o cuándo entraría en vigor el decreto de copago, acumuló una deuda de 91 millones de euros de los que diez millones ya han prescrito.

El contrato para ingresar en el ERA establece que puede ser exigible el abono de la diferencia entre lo que paga el interno según la cuantía de su pensión, con un máximo del 75 por ciento, y el precio real de la plaza -1.200 euros mensuales- una circunstancia de la que las familias afectadas aseguran que no fueron informadas.