El Principado exige la convocatoria de la Sectorial de Justicia por la reforma del aborto

Guillermo Martínez remite una carta al Ministro de Justicia solicitando esta conferencia

El Gobierno asturiano ha solicitado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Justicia para debatir el anteproyecto de reforma la ley del aborto, un debate que, a su juicio, se "hurtó" a las comunidades autónomas en la última reunión de este órgano celebrada el pasado 16 de diciembre.

Según ha anunciado hoy el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, el Gobierno del Principado ha remitido una carta la titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en la que le solicita la convocatoria de dicha reunión al considerar que una iniciativa de esta trascendencia "exige ser analizada y debatida" como prevé la reglamentación del Consejo Sectorial.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Martínez ha recordado que en la última reunión de este órgano, que tuvo lugar cuatro días antes de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de reforma de la ley del aborto, se analizaron 18 proyectos legislativos entre los que éste no figuraba.

En este sentido, ha incidido en que preguntó expresamente por esta iniciativa sin obtener respuesta del ministro de Justicia y que, cuatro días después, se aprobó un anteproyecto "que arrastra a España al túnel del tiempo y arrincona los derechos civiles".

Al margen de los recursos que el Principado pueda promover en su momento, el portavoz del Ejecutivo asturiano ha reiterado sus críticas a una medida que "penaliza a las mujeres y a los profesionales sanitarios" y que convierte "un derecho en un delito".

A su juicio, el Gobierno central ha optado por hurtar "intencionadamente" este debate tanto a las asociaciones de mujeres como a los profesionales sanitarios y, en el ámbito institucional, a las comunidades autónomas para convertirlo "en un debate entre dirigentes del PP".

PAC

Por otro lado, el Gobierno asturiano ha criticado hoy la "falta de transparencia" con la que está actuando el Ministerio de Agricultura a la hora de definir los criterios de reparto entre las comunidades autónomas de los fondos procedentes de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se aplicará a partir de 2015.

Según ha señalado en rueda de prensa la consejera de Agroganadería del Principado, María Jesús Álvarez, pese a que la semana que viene se reúne el Consejo Sectorial que debe cerrar la distribución de dichas ayudas, las comunidades autónomas no disponen aún de datos para definir "una postura clara" en dicho órgano.

Álvarez ha recordado que la nueva PAC otorga, por primera vez, un amplio margen a los gobiernos de los Estados miembros de la UE para que establezcan los criterios de reparto y que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se comprometió a evitar la pérdida de fondos para productores, sectores o territorios.

"También garantizó que actuaría con transparencia y, hasta ahora, ni una cosa ni otra", ha subrayado Álvarez antes de instar al Ministerio a formular una propuesta "concreta" que permita a las comunidades "trabajar con datos" antes de acudir a la reunión.

Según la consejera asturiana, entre las cuestiones fundamentales figura la definición de los perceptores de fondos año dado que el Gobierno central pretende establecer una doble definición relativa a qué es actividad agrarias y quién es agricultor activo.

La propuesta inicial del Ministerio plantea, según Álvarez, que pueda ser perceptor de ayudas quien perciba unos ingresos por actividad agraria superiores al 10 por ciento del total de su actividad, un porcentaje que, a su juicio, debería situarse al menos entre el 20 y el 25 por ciento y que, a partir de determinado nivel de subvenciones, se exija que se garantice la creación de empleo.

De esta forma, ha añadido, se conseguiría vincular el pago de ayudas a la actividad real y hacerlo además teniendo en cuenta el empleo que estas actividades generan mientras que la propuesta ministerial sacará del sistema a "muy pocos" de los perceptores que venían percibiendo subvenciones hasta ahora.

"La propuesta debe garantizar que perciben los fondos quienes están generando actividad agraria y sacar del sistema a quien no es profesional o no está generando empleo y permitiría además articular medidas que permitan el rejuvenecimiento del campo", ha añadido.

El denominado 'primer pilar' de la PAC -las subvenciones directas a ganaderos- cuenta con una dotación de 4.860 millones de euros para España y, según Álvarez, el Ministerio debería modificar sus planteamientos iniciales al igual que en el segundo, el relativo a las ayudas agroambientales y al sector forestal.

En este ámbito, ha asegurado no disponer de una propuesta del Ministerio que permita saber los fondos de que dispondrá cada comunidad sino de un planteamiento "abierto e indefinido" pese a que autonomías como Asturias han defendido que el criterio beneficie a territorios como el Principado que han hecho una buena ejecución de los Planes de Desarrollo Rural impulsados por la UE desde hace años.

A su juicio, ese "buen trabajo" no puede tener como consecuencia "el castigo" de la pérdida de fondos frente a otras comunidades que no han ejecutado sus planes de desarrollo e incluso han devuelto fondos a la Comisión Europea "y ahora no pueden verse beneficiadas".

Álvarez ha señalado que en la reunión del Consejo defenderá también que el nivel de acoplamiento de las ayudas -ligar las subvenciones a la producción- no se haga de forma lineal y que se tenga en cuenta la especificidad de cada territorio para beneficiar a aquellos que operan en zonas con más dificultades y con umbrales de rentabilidad menores.

Antes de asistir a la reunión, la consejera mantendrá reuniones con las organizaciones agrarias y con los grupos parlamentarios -IU y UPyD- con los que pactó la postura a defender en el reparto de fondos de la PAC "para seguir defendiendo una posición sensata, justa, exigente y reivindicativa".