El Principado lleva a la Fiscalía el informe rechazado por el tribunal del caso Renedo

"El más interesado en que se celebre el juicio es el Gobierno aunque no les guste a las defensas"

El Principado ha trasladado a la Fiscalía el informe elaborado sobre supuestas irregularidades en el material enviado a 87 colegios de la región que elevaba en cuatro millones de euros el presunto fraude cometido por cuatro de los acusados en el caso Renedo y que fue rechazado por el tribunal que juzga la causa.

La administración autonómica ha solicitado del Ministerio Público que abra diligencias de investigación, que podrían derivar en la apertura de una nueva causa penal, y estudia además tramitar esta reclamación por la vía civil y a través del Tribunal de Cuentas.

Estas actuaciones van dirigidas contra el ex consejero José Luis Iglesias Riopedre, su número dos en el departamento de Educación, María Jesús Otero, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín), y constatan, según el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, la voluntad del Gobierno de no renunciar a ninguna de las indemnizaciones a las que tenga derecho.

Después de que la Fiscalía advirtiera en diciembre de 2014 de que estos cuatro acusados podrían tener que indemnizar al Principado, el Gobierno abrió en julio de 2015 una investigación sobre el material suministrado a 87 colegios entre 2009 y 2010 para comprobar si lo que constaba como facturado había sido entregado a los centros.

Al inicio de la vista oral el tribunal que juzga el caso Renedo rechazó incluir en la causa dicho informe atendiendo a la petición de la Fiscalía y de las defensas de los acusados al entender que generaría indefensión jurídica para los procesados.

Así, ha reiterado que en la única reunión formal mantenida en la sede de la Fiscalía antes del juicio, los abogados del Principado ni siquiera entraron a valorar la oferta de acuerdo que planteaban las defensas a cambio de una rebaja en la penas de prisión solicitadas que suman 57 años para los siete principales acusados.

"El mas interesado en que se celebre el juicio es el Gobierno aunque no les guste a las defensas", ha apuntado el consejero tras lamentar que se produzcan "intentos de politización" de la causa y se intente vincular al actual Ejecutivo con hechos sucedidos hace más de cinco años.

Para Martínez, resulta comprensible que las defensas "recurran a tretas y vericuetos en el ejercicio de su función", pero ha advertido de que el Gobierno no va a "tolerar" que se le ponga "bajo sospecha por ser socialista", al igual que el Ejecutivo en cuyo mandato se produjeron los hechos, ni que el desarrollo del juicio interfiera en la labor del gabinete presidido por Javier Fernández.

Además, el consejero ha señalado que la Intervención General está trabajando en la corrección del error detectado en el gasto en bienes muebles atribuido al Instituto Adolfo Posada en la documentación aportada al juicio, que asignaba a este centro un gasto de 11,4 millones en mobiliario entre 2006 y 2009, para remitir cuanto antes al tribunal un nuevo informe con los datos correctos.

En concreto, se advirtió que en dicho listado, que consta de 3.353 registros por un importe total de 84,5 millones de euros, se había producido un error material en el campo primero del fichero (centro gestor) por una incorrecta asignación de los códigos.

Así, se atribuían al Adolfo Posada adquisiciones de bienes muebles en dicho periodo por importe de 11,4 millones cuando en realidad tan sólo le corresponden en ese periodo adquisiciones de estas características por un valor máximo de 249.313,08 euros. 

El caso Renedo llega al Congreso

El caso Renedo ha llegado hoy hasta el Congreso.

Se debatía sobre la participación de España en la Cumbre Europea y en ese contexto, el diputado de Foro, ha hecho referencia al juicio calificándolo como el del saqueo de 9 millones de euros del dinero de los colegios públicos.

Hasta en tres ocasiones le ha llamado la atención el presidente del Congreso.