El Principado prevé desarrollar una nueva Ley de Servicios Sociales

Da prioridad al "impulso" de las políticas a favor del bienestar de la infancia

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha dado hoy prioridad al "impulso" de las políticas a favor del bienestar de la infancia durante esta legislatura, con iniciativas como una nueva ley del menor que dé respuesta a las nuevas necesidades de los menores.

Al frente de su equipo directivo y en su primera comparecencia en la Junta General para explicar el programa de su departamento, la consejera ha anunciado también la promoción de una nueva ley de servicios sociales para hacer un revisión a fondo de la anterior normativa (2003) que contribuya a cohesionar el sistema y el desarrollo del Catálogo de Prestaciones Sociales.

Dentro de la preponderancia de las políticas de menores, ha resaltado la creación del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia para la protección y atención a menores y sus núcleos de convivencia.

En las políticas de lucha contra la pobreza infantil, la Consejería dará prioridad a la situación de 3.140 familias con menores a su cargos, frente a las 11.000 que habían sido detectadas por los ayuntamientos, con ayudas directas de 700 euros.

En el ámbito del salario social, Varela ha anunciado que la partida destinada este año, de 83 millones, tendrá que ser modificada en 17 hasta alcanzar la cifra de 100 para garantizar este derecho subjetivo que cuenta en Asturias con 37.725 preceptores.

Ha resaltado las medidas que afrontará su departamento para mejorar el funcionamiento de esta renta ante el aumento de sus beneficiarios por la actual crisis económica y la "falta de cobertura al desempleo por parte del Gobierno central".

Ha adelantado que la Consejería modificará su reglamento para agilizar las revisiones y el seguimiento de los programas personalizados de incorporación social, con especial atención a la incorporación de sus usuarios al mercado de trabajo.

A su juicio, hay que "fortalecer" la intervención técnica que favorezca la salida de los procesos de exclusión y establecer una permanente coordinación con el Servicio Público de Empleo.

Tras sus diez años de vigencia del salario social, Varela aboga por realizar un estudio que proporcione un "diagnóstico claro" del perfil de sus usuarios para saber si ha servido como instrumento de incorporación al mercado de trabajo o si hay situaciones crónicas.

En relación a la Dependencia, ha indicado que hay unas 6.317 personas pendientes de valoración y ha asegurado que la Consejería "será capaz" de incorporarlas al sistema para acabar el año con unas 22.00 personas beneficiaras de estas prestaciones en Asturias.

Ha criticado el descenso de la aportación del Estado en el sostenimiento del sistema de Dependencia y ha destacado la pretensión del desarrollo de medidas para cumplir los plazos de resolución y pasar de los actuales ocho meses a seis.

En relación al ERA, que cuenta con 5.018 plazas residenciales y una lista de espera en torno a 1.300 personas, ha señalado como objetivo la creación de 800 plazas residenciales.

Este departamento realizará un programa de fomento de alquiler para poner vivienda a disposición de la ciudadanía y continuará con la política de reparación de los inmuebles del parque público con el objetivo de poner 333 viviendas desocupadas a disposición de la ciudadanía a principios de 2018.

La consejera ha dicho que su departamento no tiene previsto la venta de ningún edificio del parque de vivienda del Principado y ha subrayado que se reforzará el papel de Vipasa con el objetivo de que cada vez sea más corto el tiempo desde que una vivienda quede desocupada hasta que se vuelva a ocupar.

En respuesta a las preguntas de los grupos de la oposición, ha anunciado la intención de su departamento de que la residencia de mayores de Lastres abra el próximo día 15 de diciembre.

Por último, ha abogado por reforzar la cooperación con otros sistemas de protección social como el sanitario, educativo y laboral junto con el tercer sector, con una mayor colaboración con las entidades que lo forman.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado del PP Matías Rodríguez Feito ha dicho que las facturas de los servicios sociales "no se pagan con demagogia", por lo que ha reivindicado un Ejecutivo que ponga en marcha "una buena política económica", y ha instado a la consejera a que "ampare a los más necesitados".

El diputado de Podemos Enrique López ha subrayado que Asturias es el "paraíso de natural de la precariedad y la desigualdad" y ha anunciado iniciativas de su Grupo Parlamentario para lograr una "mejor forma de gestionar los recursos".

En su intervención, la diputada de IU Marta Pulgar ha afirmado que, "frente a discursos tremendistas fuera de la realidad, Asturias tiene una posición privilegiada en asunto de garantías de derechos".

La diputada de Foro Esther Landa ha señalado que el Gobierno del Principado "perdió la financiación la Ley de Dependencia y está obligado a recuperarla, así como reivindicar paralelamente la revisión de los baremos de valoración".

La representante de Ciudadanos Diana Sánchez ha aseverado que hay que tratar a los entes integrantes del tercer sector como agentes colaboradores y no subsidiarios, y no esperar a que sean ellos lo que resuelvan problemas que atañen a la administración cuando, además, no se les dota económicamente para ello.