El Principado confía en que la justicia sea rápida en la 'Operación Hulla'

Recuerda que el seguimiento del Montepío correspondía únicamente al Estado

El Gobierno asturiano ha señalado que hoy no tuvo "ninguna participación" en el proceso seguido para la construcción de la residencia geriátrica "La Minería", en Felechosa (Aller), ejecutado directamente por el Montepío de la Minería Asturias con partidas procedentes de los fondos mineros, y que la labor de seguimiento correspondía a la administración central.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz, Guillermo Martínez, ha trasladado el apoyo del Ejecutivo a la acción de la justicia después de que la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado número 3 de Oviedo pusieran ayer en marcha la "Operación Hulla", que se saldó con cuatro detenciones.

"Tenemos confianza en la justicia y esperemos que sea lo más rápida posible", ha señalado Martínez después de que la Guardia Civil detuviera ayer al ex presidente del Montepío José Antonio Postigo y citara como investigados al ex secretario general del SOMA-UGT Jose Ángel Fernández Villa y a varios familiares de ambos.

En la operación para construir el geriátrico "La Minería", que supuso una inversión de 31 millones de euros con cargo a los fondos mineros, se centran las sospechas sobre el origen de los 1,4 millones de euros que Fernández Villa regularizó en la amnistía fiscal de 2012 a la que también se acogió Postigo con 360.000 euros.

El portavoz del Ejecutivo asturiano ha recordado que la obra se llevó a cabo a partir de un convenio bilateral entre el Estado y la mutualidad minera y que el Principado no jugó "ningún tipo de papel" como administración en el control o la ejecución de las obras.

El geriátrico de Felechosa fue la única inversión incluida en los fondos aportados por el Estado para compensar la reconversión minera que no fue ejecutada por una administración -local, autonómica o estatal- lo que requirió un cambio de normativa aprobado en 2009 para que los proyectos financiados con dicha partida pudiesen afrontarlos entidades sin ánimo de lucro como el Montepío.

Respecto a la incidencia que la investigación judicial abierta pueda tener sobre las inversiones aún pendientes con cargo a los fondos mineros -cuya eliminación por parte del Gobierno central en 2011 ha sido llevada a los tribunales por el Principado-, Martínez ha señalado que el Ejecutivo del PP ya tomó decisiones contra dichas partidas "antes de que se conociera ningún tipo de irregularidad".

"La labor de inspección correspondía al Gobierno de España que no necesitó de ninguna disculpa ni hecho sobrevenido para tomar decisiones en contra de las cuencas mineras y para romper sus compromisos", ha añadido el portavoz del Ejeuctivo asturiano.