Los abogados del SOMA solicitan seis años de prisión para José Ángel Fernández Villa, frente a los cinco que pedía el Ministerio Público. La indemnización que piden al exlíder sindical es de 431.330 euros, casi 3.000 euros menos de la exigida por el fiscal.
Para Pedro Castillejo, la acusación ejercida por el SOMA pide cinco años de prisión, frente a los tres y medio que solicitaba la Fiscalía. La indemnización asciende a 114.954 euros, casi 4.500 menos de los exigidos por el Ministerio Público.
Los abogados del SOMA consideran probado que tanto Villa como Castillejo cometieron un delito continuado de apropiación. En el caso del exlíder sindical, el relato de los letrados subraya que tenía un poder absoluto en el SOMA, y que valiéndose de él ideó un plan para aprovecharse de los fondos del sindicato para incorporarlos a su patrimonio, dándoles por tanto un destino distinto para el que deberían haber sido utilizados.
El argumentario es casi idéntido en el caso de Pedro Castillejo, los abogados del SOMA sostienen que utilizó el dinero de Infide para operaciones que nada tenían que ver con la actividad de la fundación a partir de un plan preconcebido. También subrayan los letrados que se apropió de diversas cantidades en metálico de la caja.
Los abogados del SOMA solicitan la presencia en el juicio, en calidad de testigos, de la actual presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada y sus dos predecesores, Juan Ramón García Secades y Luis Tejuca. También reclaman la declaración de José Luis Alperi, actual secretario general del SOMA.
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