El Supremo dará a conocer en menos de un mes la sentencia firme del caso Renedo

Las partes han expuesto sus argumentos y defendido sus recursos

El 'caso Renedo', la mayor trama de corrupción investigada en Asturias, ha cerrado su trámite judicial con la vista de los recursos presentados por los ocho condenados ante el Tribunal Supremo, que deberá dictaminar en menos de un mes ahora si mantiene la sentencia, rebaja las penas u ordena la repetición del juicio.

Los recursos han sido analizados por el Supremo durante una vista de dos horas y media de duración en la que las defensas de los ocho condenados, a los que se impusieron penas que superan los 40 años de prisión, han defendido el contenido de sus escritos.

Los letrados han dado por reproducidos sus recursos -de más de 200 folios- para incidir en los aspectos más relevantes como la petición de que se consideren ilegales las escuchas telefónicas y los registros realizados durante la investigación.

Por su parte, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares -el Principado de Asturias y María Teresa Porrúa- y las populares -el colectivo Amigos y Vecinos de Llanes (AVALL), Podemos y el Partido Progresista de Belmonte- han mostrado su conformidad con la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo.

Tras hacer pública su sentencia en septiembre de 2017, la Audiencia Provincial acordó dejar en libertad provisional a los ocho condenados desestimando así la petición de ingreso en prisión realizada por Podemos.

La sentencia condena al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y a su número dos en el departamento, María Jesús Otero, a 6 y 9 años y medio de prisión, respectivamente, e impone también 9 años de cárcel a la funcionaria Marta Renedo Avilés por su participación en la trama de adjudicación irregular de contratos.

Además, los cuatro empresarios juzgados -Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo; Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín; Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, y José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería- fueron condenados a un total de 15,9 años de prisión.

La resolución judicial condenó además a un funcionario del Ayuntamiento de Mieres, contra el que la Fiscalía no había presentado acusación, al que impuso una multa de 1.800 euros por cohecho mientras que absuolvió a los otros cinco procesados, también trabajadores de otros ayuntamientos y de la Universidad de Oviedo.