El TSJA anula la declaración del presunto intermediario del asesinato de Ardines

"A todas luces contraria a los derechos que asisten al investigado"

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado la declaración en sede policial de Jesús M., presunto intermediario en el crimen del concejal de IU en Llanes Javier Ardines, al considerar que se había conculcado su derecho de defensa.

El alto tribunal asturiano ha estimado parcialmente los recursos presentados a un auto de la Audiencia Provincial que denegaba la nulidad de las escuchas.

El TSJA ve "evidente" que la declaración prestada el 10 de diciembre de 2018 en calidad de testigo, cuando ya estaba siendo investigado, resulta "a todas luces contraria a los derechos que asisten al investigado", de forma que "los agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la UCO que procedieron de tal forma conculcaron manifiestamente el derecho fundamental de defensa".

La sentencia reconoce que debió de ser instruido por los interrogadores de los derechos que le asistían, entre los que se encuentran el de ser informado de los hechos que se le atribuían y motivaban la necesidad de su manifestación, el derecho a guardar silencio y no prestar declaración, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable y a la asistencia letrada, enumera el TSJA.

Respecto al alcance de esta anulación, el alto tribunal apunta que se trata de una declaración paraprocesal, no sumarial, que debe ser excluida del procedimiento y no ser tenida en cuenta, pero precisa que ello "no puede afectar a otras diligencias posteriores surgidas de líneas de investigación, a las que ciertamente contribuyeron los datos aportados por el interrogado, pero a las que con seguridad habrían llegado los investigadores con los conocimientos que ya poseían".

El juicio por el asesinato de Ardines, cometido el 16 de agosto de 2018, se celebrará a partir del 3 de septiembre contra Pedro Luis N.A. como presunto inductor intelectual; Jesús M., como supuesto intermediario; y los ciudadanos argelinos Djillali B. y Maamar K., que están considerados en el procedimiento como presuntos sicarios.

Según la Fiscalía, que solicita una pena individual de 25 años de cárcel para cada uno de los cuatro procesados, Pedro L.N.A. urdió el plan para acabar con la vida de Ardines después de descubrir, en diciembre de 2017, que el concejal mantenía una relación con su mujer, prima de la esposa del edil, desde hacía más de treinta años.

Fue en julio de 2018 cuando Pedro L.N.A., residente en Vizcaya, tomó la decisión de ejecutar su plan, sabedor de que su mujer pasaría el verano en una casa familiar próxima a la de Ardines, según el relato fiscal, y para ello contactó con J.M. para que le buscase a personas que pudieran actuar como sicarios a cambio de dinero.

Los dos sicarios, según las acusaciones, cometieron el crimen a primera hora de la mañana del 16 de agosto tras prepararle al concejal una emboscada en las inmediaciones de su casa, donde le atacaron con un espray de pimienta y después le golpearon la cabeza con un palo o un bate de béisbol y le estrangularon hasta acabar con su vida.