El caso Renedo afronta su recta final con la lectura de los informes

Fiscalía mantiene peticiones de cárcel que suman 57 años para principales encausados

El juicio por el caso Renedo, la mayor causa de corrupción investigada en Asturias por una trama corrupta de adjudicación de contratos públicos a empresas, afronta su recta final con la lectura de los informes definitivos de acusaciones y defensas casi cuatro meses después de que se iniciase la vista oral.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha reservado mañana -en sesión de mañana y, posiblemente, de tarde- y el martes, si es necesario, para que las partes expongan sus informes antes de que el caso quede visto para sentencia, que aún tardará semanas en conocerse.

La Fiscalía ya elevó el pasado miércoles a definitivas sus conclusiones, en las que mantiene peticiones de cárcel que suman 57 años para los siete principales encausados de los trece procesados.

El juicio por el caso Renedo comenzó el 4 de abril con las cuestiones previas, con trece procesados, entre ellos el exconsejero socialista José Luis Iglesias Riopedre, y su número dos en el departamento de Educación, María Jesús Otero.

Tras más de una treintena de sesiones y de la declaración de más de un centenar de testigos, los siete principales acusados de participar en esta trama de adjudicación de contratos públicos afrontan penas que suman 57 años de prisión, mientras que los otros seis sólo están señalados como presuntos autores de un delito de cohecho por las acusaciones populares.

La investigación se remonta a principios de 2010 cuando se detectaron actuaciones irregulares en la adjudicación de contratos a empresa por parte de la funcionaria Marta Renedo Avilés -cuyo iniciales forman el acrónimo que da nombre al caso (Marea)- aunque no fue detenida hasta enero de 2011 junto a otros cuatro acusados de amañar contratos desde las Consejerías de Educación y Cultura.

Entre esos detenidos se encontraba el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, que había dimitido cinco meses antes de su cargo alegando motivos de salud, y su mano derecha, la ex directora general de Educación María Jesús Otero, que es la que se enfrenta a una mayor pena en esta causa, once años y medio.

El Ministerio Público pide para José Luis Iglesias Riopedre 10 años y medio, y para Marta Renedo, 10 años, mientras que para los responsables de las empresas participantes en la presunta trama también mantiene las peticiones iniciales.

En el caso del gerente de la empresa Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y el de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, pide una pena individual de 9 años de cárcel, y 4 años para Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, y 3 para Antonio José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería.

El Ministerio Público ha mantenido la petición de penas para los principales acusados y ha expuesto lo que considera "leves modificaciones" en el escrito elevado a conclusiones definitivas, en el cual cifra en 1,8 millones de euros la cuantía del dinero desviado por Renedo, destinataria de más de 380.000 euros en concepto de regalos obsequio de los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Suárez.

El abogado de Renedo ha admitido un delito de cohecho para su representada, pero ha rechazado que cometiera suplantación de identidad.

Además, las acusaciones particulares han mantenido los cargos contra otros seis acusados de cohecho, los trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo Paz Rodríguez Pendas, José Villa e Isaac Ovies, y del de Avilés, Braulio Iglesias; el funcionario del consistorio de Mieres Francisco Javier Juárez y el de la Escuela de Ingeniería José Manuel Blanco.