El departamento de Otero supervisaba los contratos adjudicados por colegios

La Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación que gestionaba María Jesús Otero supervisaba los contratos menores con las empresas proveedoras de material y servicios, que estaban delegados en los directores de los más de 500 centros educativos de la región.

Así lo han relatado ante la comisión parlamentaria de investigación del 'caso Renedo' dos de las responsables de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Educación en los años en que este departamento estuvo gestionado por Otero y por José Luis Iglesias Riopedre como consejero, ambos imputados en dicha causa.

En respuesta a las preguntas de los diputados, ambas funcionarias han explicado que la Secretaría General Técnica es un órgano encargado de la tramitación formal de las contrataciones que carece de relación con los proveedores y que, en el caso de Educación, no intervenía en el caso de los contratos menores al estar delegadas las competencias en los centros, al igual que en el resto de España.

Dichos contratos -de hasta 50.000 euros en el caso de las obras y de 18.000 en el de servicios- eran propuestos por las direcciones de los centros y debían recibir el visto bueno de la Dirección General de Planificación que gestionaba Otero dado que era el órgano responsable de la "planificación y control" de los mismos.

Este hecho supone una singularidad de la Consejería de Educación al contar con numerosos centros de gasto independientes dado que en el resto de departamentos de la administración autonómica no existe la posibilidad de la denominada contratación "menor" se tramite desde otro órgano que no sea la Secretaría General Técnica.

Los diputados han incidido en sus preguntas sobre este asunto después de que en su comparecencia de la semana pasada ante la comisión, la exdirectora general asegurara que no tenía competencia para la firma de contratos menores, que correspondía a los centros.

Tanto Begoña Fernández Suárez -actual directora general de Patrimonio y que ocupó la Secretaría General Técnica de Educación entre 2009 y 2010- como Ana María Fernández -que lo ostentó entre 2003 y 2006- han admitido esta circunstancia, pero han señalado que la dirección general de Otero sí debía dar informe favorable de la contratación firmada por el director de cada centro.

No obstante, han incidido también en la existencia de una circular interna dirigida a los responsables de los colegios e institutos en la que se les recomendaba que, a la hora de firmar una contratación, se solicitase la concurrencia de tres empresas se adjudicase a la oferta más ventajosa.

La Dirección General de Planificación, han apuntado, era también la encargada de definir los criterios técnicos que debían cumplir las empresas que optasen a la homologación de su material para ser proveedores del Principado, un proceso que se definía en una mesa de contratación constituida en el ámbito del departamento de Economía.

Entre las empresas homologadas por este órgano figuraban Igrafo y Almacenes Pumarín, cuyos propietarios están en libertad bajo fianza tras ser imputados por esta causa.

A estas empresas, según los cálculos de IU, se facturaba en torno al 90 por ciento del gasto total en mobiliario y material escolar que se elevó, sólo entre junio de 2009 y junio de 2010 a 14 millones de euros, según ha apuntado Foro.

En este sentido, Begoña Fernández ha indicado que el acuerdo marco de homologación del Principado incluía en este ámbito a seis empresas y que Igrafo y Almacenes Pumarín eran las que tenían más productos homologados "con lo que tampoco había mucho donde elegir".

La directora general de Patrimonio y funcionaria ha indicado además, ante las preguntas de los diputados sobre si los posibles fallos en el control del gasto se deben o no a una legislación inadecuada, que desconocía si quienes "fallaron" fueron "las personas", pero que la "inmensa mayoría" de empleados públicos son "gente trabajadora y honrada que hace las cosas lo mejor que puede".