El juez frena el intento de los constructores de disolver la Unión de Consumidores

El magistrado del juzgado de primera instancia número 2 de Oviedo, Daniel Rodríguez Antúnez, ha dictado un auto en el que decide archivar el procedimiento iniciado tras la demanda de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC)- Asprocon que solicitaba la disolución de Unión de Consumidores de Asturias (UCE).

El auto ha sido presentado en una rueda de prensa por el presidente de UCE, Dacio Alonso, quien ha reconocido que en la labor que desarrolla su organización son frecuentes las "presiones". Además, ha vinculado la "insólita" reacción de la patronal de constructores y promotores al cambio legal y éxito jurídico que ha logrado UCE tras conseguir que se considere ilegal en los tribunales el cobro a los particulares del impuesto de la plusvalía.

Los constructores basaban su demanda en la falta de actualización de los estatutos de UCE a una normativa de 2002. Así, pedían al juez la anulación de todos los acuerdos desde que venció el plazo legal de dos años para actualizar los estatutos a las exigencias legales, así como la disolución y liquidación de la asociación.

Pero el juez ha dicho que CAC-Asprocom no está legitimada para pedir algo así porque "no obstenta un interés legítimo para pretenderla anulación de los estatutos de UCE Asturias".

Además responde a otros argumentos por parte de la patronal, en los que señalaba que UCE hacía campañas publicitarias calumniosas sobre entidades promotoras. El juez dice que las actuaciones de la asociación de consumidores "no constituyen descalificaciones, sino lícitas y legítimas expresiones de su actuación asociativa e incluso del derecho de libertad de expresión".

Dacio Alonso ha repetido que el impuesto de plusvalía corresponde pagarlo a los promotores y no a los particulares como venía ocurriendo con esa cláusula "ilegal". Suponía una cantidad que oscilaba entre los 500 y los 5.000 euros. Era una práctica "abusiva" y UCE ha venido animando a los ciudadanos a que ejerzan las acciones necesarias contra los promotores para recuperar el dinero que tuvieron que pagar por ello.

Estima que en Asturias, si todo los ciudadanos afectados reclamasen, recuperarían en conjunto una cantidad total de unos 100 millones de euros que los empresarios se habrían ahorrado "ilegalmente". La práctica, recuerdan desde UCE, es que los promotores incluían el pago de ese impuesto en el contrato de compraventa,  cuando a quien correspondía pagar era a ellos.

De esta forma, Dacio Alonso ha anunciado que su organización impulsará otra campaña de información para que todos los afectados estén informados y puedan recuperar su dinero. De hecho, ha recordado que hace unos días el Tribunal Supremo ha dado la razón en casación a la Audiencia Provincial de Oviedo, reconociendo que los ciudadanos tienen ese derecho, y haciéndolo extensivo a toda España. "Lo que tendría que pasar es que todos los particulares del país que han tenido que pagar este impuesto de forma abusiva lo reclamaran, porque la jurisprudencia está de su parte", ha señalado.

Dacio Alonso ha dicho que respeta a CAC-Asprocon, pero también ha señalado que su organización va a enfrentarse siempre a los abusos, a pesar de las "presiones" y de las dificultades. Ha reconocido que ahora es momento de crisis, pero ha recordado que durante años los empresarios de la construcción se han enriquecido mucho.

De hecho, ha explicado que las cosas no son fáciles tampoco a la hora de reclamar, ni de ir a juicio, aún teniendo las sentencias de su parte. Así, ha hablado de la empresa Comansa, de la que ha explicado que se ha allanado ante las reclamaciones judiciales. Pero después, en vez de consignar el dinero para pagar a los afectados, está obligando a UCE a ejecutar bienes y les ha facilitado un listado de posesiones para que elijan.