La Fiscalía pide 10 años de prisión para el exsecretario general de UGT Asturias

El abogado de UGT habla de "intimidación" y de que se está buscando un juicio mediático

La Fiscalía considera probado que el sindicato UGT incurrió en un fraude en los fondos públicos destinados a cursos de formación. Por ello en su escrito de acusación pide penas que suman 10 años de cárcel para que el fuera su máximo responsable en Asturias, Justo Rodríguez Braga.

Los mismos que para la secretaria de Administración Mónica Menéndez y el responsable de Formación, Manuel Díaz Cancio. Dos años por cada uno de cinco delitos de fraude. Además tendrán que hacer frente a multas que superan en el caso de los tres más de 1 millón de euros cada uno.

Para ese fraude, considera el fiscal, que se sirvieron de un entramado de empresas vinculadas y del Instituto de de formación  y Estudios Sociales (IFES) con quienes contrataban tanto las aulas como el material informático de los cursos. 

En algunos casos esos contratos suponían, según la Fiscalía, un sobrecoste de más de 100.000 euros y muy por encima del valor del mercado al contratar esas aulas por horas, lo que encarecía injustificadamente dice el escrito, el precio final.  

La Fiscalía también acusa a otras tres personas técnicos y la administradora de una de las empresas vinculadas.  Los seis acusados deberán hacer frente a multas que superan, en su conjunto más 5 millones de euros.

El abogado de UGT y de Justo Rodríguez Braga, Francisco Alonso, asegura estar molesto por haberse enterado por la prensa de las penas que pide el fiscal para sus clientes. Habla de "intimidación" y de que se está buscando un juicio mediático.