La Fiscalía pide penas que suman 68 años para los imputados en el caso Renedo

La mayor condena se pide para María Jseús Otero, once años y medio de cárcel

La Fiscalía de Asturias pide penas que suman 68 años de prisión y más de nueve millones de euros de multa para los siete imputados por el caso Renedo. Es una información que les ha adelantado hoy TPA Noticias. 

En su escrito de calificación la Fiscalía considera probado que María Jesús Otero, la que fuera Directora General de Planificación de Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación desde 2003 hasta 2010, tenía la competencia para decidir qué y a quién contrataba. 

Ella, según la Fiscalía, con el conocimiento y aquiescencia de su superior José Luis Iglesias Riopedre pactaba con los empresarios las propuestas y las empresas que se iban a presentar a los concursos, favoreciendo a Igrafo y Almacenes Pumarín y a otras de sus sociedades.  

Para canalizar los pagos de los empresarios Otero constituyó varias sociedades. Las cantidades recibidas de los empresarios ascienden según el fiscal a más de 2.500.000 euros. 

La Fiscalía solicita para ella once años y medio de prisión y una multa de 2.500.000 euros. Le acusa de dos delitos de cohecho, prevaricación, fraude y exacciones ilegales y malversación de caudales públicos. 

Su superior, el consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre recibió, según la Fiscalía, atenciones y una serie de ventajas por parte de los empresarios. Además favoreció a la empresa de su hijo Geogal. 

Para Riopedre el fiscal solicita una pena de diez años y medio de prisión, una multa de  400.000 euros y le acusa de cohecho, prevaricación, fraude y exacciones ilegales y malversación de caudales públicos. Además, aunque no acusa al hijo de Iglesias Riopedre, sí le reclama más de 360.000 euros. 

La Fiscalía detalla de forma minuciosa como la exfuncionaria Marta Renedo, desde 2001 a través de cuentas bancarias y suplantando la identidad de varias personas, recibió ilícitamente dinero de la administración regional. Después articuló según la Fiscalía una empresa para contratar y derivar pagos. Para activarlos falsificó la firma de sus superiores y realizó fotocomposiciones.  

Como jefa del servicio era ella quién decidía a quién contrababa y en total se quedó para sí, según el fiscal, casi 1.900.000 euros. Renedo favoreció, según el escrito de calificación, la contratación de dos empresas, Almacenes Pumarín e Igrafo y recibió por ello más de 460.000 euros. 

La Fiscalía pide para ella diez años de prisión, una multa de 480.000 euros y una indemnización al Principado de casi 1.800.000 euros. Además le acusa de un delito continuado de cohecho y de falsificación de documento oficial y mercantil. 

Las otras cuatro personas imputadas son cuatro empresarios que supuestamente compraron voluntades de empleados públicos. La Fiscalía pide para ellos penas que van de nueve a tres años de prisión. 

Para dar una apariencia de legalidad a las adjudicaciones, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez crearon, según la Fiscalía, empresas filiales que facturaban parte de los trabajos a la Consejería de Educación y que competían ficticiamente con ellos en la adjudicación.

Alfonso Carlos Sánchez facturaba directamente con Almacenes Pumarín aunque tenía participación en otras dos empresas, Construcciones y Tratamientos de Conservación y Comercial Técnica del Cantábrico. 

La Fiscalía solicita para él nueve años de prisión y una multa de casi 2.000.000 euros. Le acusa de dos delitos de cohecho, falsificación de documentos mercantiles, fraude y exacciones ilegales y malversación. 

Además de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz controlaba otras cinco sociedades, entre ellas Nora Proyectos e Ingeniería. El fiscal solicita para él nueve años de prisión y una multa de un 1.500.000. Le acusa de dos delitos de cohecho, falsificación de documentos mercantiles, fraude y exacciones ilegales y malversación. 

La Fiscalía considera cooperador necesario a Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, y pide para él cuatro años de prisión y una indemnizacion de 129.000 euros. Le acusa de falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. 

Antonio José Azorín Iglesias, apoderado solidario de Nora Proyectos e Ingeniería, era, según el fiscal, conocedor, participó y aceptó las argucias entre Otero, Riopedre y Muñiz para recibir las adjudicaciones. El fiscal pide para él tres años de prisión, y le impone el pago de una cuota diaria de 8 euros durante 10 meses.