La Junta reclama el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946

Iniciativa conjunta de IU y Podemos

La Junta General del Principado pedirá al Gobierno regional que, en el más breve espacio de tiempo posible, "recabe y traslade" al parlamento autonómico la "información detallada de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica, en cualquiera de sus denominaciones, desde 1946.

Así se recoge en una iniciativa conjunta de IU y Podemos que hoy han defendido en la Junta General del Principado y que ha contado con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, mientras que el PP, Foro y Vox votaron en contra de esta proposición no de ley con la que consideran que solo se quiere atacar a la Iglesia.

Desde que en 2017 se solicitó la primera información de la Junta General de los bienes inmatriculados por la Iglesia te tiempo, sólo se ha conseguido información de los que lo fueron con posterioridad a 1998 aunque, según los proponentes, de forma "muy limitada y que no permite identificar la mayoría de bienes".

Para IU y Podemos, por lo tanto, sólo se ha trasladado una información "notoriamente insuficiente e inadecuada para dilucidar el tamaño real del escándalo y encontrar posibles vías de solución".

La Coordinadora Recuperando, que ha presentado la semana pasada una iniciativa parlamentaria similar en el Congreso de los Diputados, estima que en todo el país podrían formar parte de ese listado unos 100.000 templos, dependencias complementarias, terrenos, viviendas, solares o locales.

Hasta el momento, el Gobierno central dio a conocer en el mes de febrero un listado que incluía únicamente los bienes inmatriculados entre 1998 y 2015, un total de 34.961, de los que 549 están ubicados en Asturias.

El Gobierno asturiano ya ha pedido al Colegio de Registradores de Asturias hace meses información sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia antes de la reforma hipotecaria de 1998 y está analizando la situación de los bienes incluidos en el libro blanco del prerrománico asturiano, como San Julián de los Prados o San Miguel de Lillo o San Miguel de Valdediós.

La información que se obtenga será trasladada puntualmente a la Junta General del Principado, según ha señalado hoy la socialista Lidia Fernández, que considera que la proposición ya está siendo ejecutada por el Ejecutivo asturiano.

El Grupo Inmatriculaciones Asturias también ha pedido que se recopilen y hagan públicas todas la notas registrales simples de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946 en las que se aportó unicamente una certificación eclesiástica así como la anulación de todas las inscripciones realizadas desde 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida amparándose en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Asimismo, ha reclamado que se anulen las inscripciones de lugares de culto realizadas antes de la reforma hipotecaria de 1998 y la elaboración de una Ley de Patrimonio que establezca que el patrimonio histórico y cultural inventariado de raíz religiosa, con independencia del uso litúrgico a que se destine, quede afecto al dominio público como sucede en países como Francia o Portugal.