El Estado consideró "extraño" que se dieran fondos al Montepío para el geriátrico

La defensa de Mallada en el caso Hulla solicita el sobreseimiento

La modificación del Real Decreto que permitió otorgar ayudas al Montepío para la construcción de la Residencia de Felechosa, fue calificada hasta en tres ocasiones de "extraña" por el abogado de Estado de la secretaría de Energía. Aún así puntualizaba que se ajustaba a derecho, aunque él la consideraba inconveniente y planteaba una serie de recomendaciones.

En ese informe, incorporado a la causa, el letrado califica la modificación que se plantea de importante por introducir una nueva tipología de beneficiario, muy distinta a la que existía hasta el momento.

Considera que esa modificación constituye un elemento extraño en la configuración de las ayudas, porque sólo excepcionalmente se permite que vayan destinadas a entidades que no sean las administraciones públicas territoriales cuando la entidad beneficiaria sea sin ánimo de lucro con unos determinados requisitos.

En su informe, el abogado insiste en que resulta extraña la introducción de las entidades y sociedades empresariales en el esquema del Real Decreto. A pesar de considerar la modificación inconveniente, y por eso plantear una serie de observaciones, el letrado puntualizaba que sí cumplía los requisitos legales.

La UCO le interrogaba, como testigo, el pasado 7 de marzo. También llamaba a declarar al interventor que dio el visto bueno al Convenio de colaboración entre el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras, el Principado y el Montepío para poner en marcha la Residencia.

Ambos han negado haber recibido presiones de los máximos órganos del instituto para modificar informes. Han declarado que desconocían que cuando se dio el visto bueno al convenio, ya se estaba construyendo en suelo no urbanizable y sin licencia de obras el geriátrico. El interventor ha asegurado que el responsable de comprobar que todo estuviera en orden, era su superior, el Interventor Delegado del IRMC, Antonio Merino.

Los concejales del PSOE e IU investigados por el Caso Hulla recurren el auto de la jueza

La defensa de los concejales investigados de Aller, del Partido Socialista e Izquierda Unida, recurre la decisión de la jueza de incorporarlos al caso Hulla.

Consideran que algunos de los aspectos que se plantean no serían una cuestión penal, sino del ámbito contencioso-administrativo; creen que no tiene sentido que se instruya con Hulla porque son hechos diferentes e insisten en que el delito de prevaricación del que se les acusa habría prescrito.

Es el argumento del letrado Enrique Ríos que representa a los que, en el momento en el que se cedió gratuitamente la parcela al Montepío, formaban parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aller.

Los entonces concejales del Partido Popular, también investigados en esta causa, entre ellos Teresa Mallada, han cambiado de dirección letrada. Ignacio Álvarez-Buylla será el encargado de defenderlos. 

La defensa de Mallada en el caso Hulla solicita el sobreseimiento

El nuevo abogado de Teresa Mallada, Ignacio Álvarez Buylla, asegura que el voto de la ahora candidata del PP a la presidencia del Principado no era necesario para que el acuerdo plenario del ayuntamiento de Aller saliese adelante porque PSOE e Izquierda Unida tenían mayoría absoluta.

Además, insiste la defensa, al llevar el visto bueno previo de la Junta de Gobierno, integrada por estos partidos, la aprobación plenaria era igualmente inevitable, votase su defenida o no.

Para apuntalar su alegación, Álvarez Buylla cita una reciente sentencia del Tribunal Supremo que dicta que, para que, en un caso como este, exista prevaricación, el voto debe resultar en todo caso decisivo.