La defensa de Fernández Villa ha recurrido el auto de medidas cautelares de la Operación Hulla. Considera que en el auto de la magistrada sólo se atribuye al exsindicalista el estar vinculado a José Antonio Postigo.
En ningún momento, a su juicio, hay motivos que indiquen que Villa pudo estar relacionado con la subvención estatal o con las obras del Montepío de la Minería.
Por ello, califica de desproporcionado el embargo de todas sus cuentas y bienes. En su escrito asegura que el patrimonio del exlíder sindical es anterior a 2012, cuando regularizó su situación fiscal, y que, desde esa fecha, no ha tenido ningún incremento patrimonial.
La defensa de Fernández Villa va un paso más allá y plantea que el embargo de sus bienes puede perjudicarle en la otra causa que tiene abierta, en la del SOMA por apropiación indebida. Se encuentra ya en fase de juicio oral y como fianza se ha presentado el depósito bancario ahora embargado y también el vehículo incautado, un Mitsubishi.
La letrada Ana García Boto recuerda que ese coche se adquirió en 2006, que no tiene nada que ver con la Operación Hulla, y que la prohibición de disponer de él impide a Villa utilizarlo para reparar el daño en la causa abierta por presunta apropiación indebida.
Fernández Villa tiene bloqueadas todas sus cuentas, hasta el punto, según su defensa, de que no puede sacar del banco ni 10 euros.
Además, denuncia, el bloqueo le impide recibir los ingresos procedentes de la Seguridad Social, de su pensión por incapacidad.Tampoco puede hacer frente, asegura, a los gastos corrientes que tiene domiciliados.
En un nuevo escrito, la letrada reclama que se solucione esta situación porque se están produciendo impagos de servicios esenciales, como la luz, el agua o el teléfono.
Impagos que le llevan, asegura, a él y a su familia al límite de la supervivencia. Con fecha 25 de mayo, las dos cuentas que figuran a nombre de Villa mantenían un saldo total de 181.000 euros.
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