La fiscal superior del Principado de Asturias asegura que fue una decisión personal incluir el caso Niemeyer en la sección especializada en Delitos Económicos, ante la baja por enfermedad del fiscal de Avilés que instruyó el caso.
Esther Fernández niega que existan influencias políticas para ese cambio y respalda el escrito elaborado por el fiscal Alejandro Cabaleiro.
La Fiscalía sale así al paso de las duras críticas lanzadas en las últimas horas por uno de los acusados, Natalio Grueso, contra el Ministerio Fiscal.
Por otro lado, varios familiares de los cinco encausados y tres exconsejeras de Cultura tendrán que testificar en el juicio.
El Ministerio Público pide la declaración como testigos de Ana Rosa Migoya y de sus sucesoras, Encarna Rodríguez Cañas y Mercedes Álvarez, en condición de presidentas de la Fundación Niemeyer. No cita al exconsejero de Foro, que nunca ejerció como patrono, ni a Ana González, la consejera que pidió investigar los hechos.
El Patronato está ahora presidido por el viceconsejero de Cultura, que ha declinado opinar sobre un proceso judicial en marcha.
Por otra parte, la acusación popular ejercida por Foro celebra las peticiones de cárcel formuladas por la Fiscalía.
Mientras tanto, la defensa de Natalio Grueso insiste en que la responsabilidad última de todo lo ocurrido recae en los patronos de la Fundación del Niemeyer y no en su cliente. Para él, recordamos, la Fiscalía pide 11 años de cárcel.
El abogado de la exesposa de Grueso equipara su situación a la de la infanta Cristina y la exministra Ana Mato. La única figura del Código Penal aplicable a la exesposa es, según su defensa, la de participación a título lucrativo. Lo único que hizo, argumenta, fue acompañar a su marido en sus viajes y califica la pena de dos años y medio de cárcel que para ella pide la Fiscalía de desproporcionada.
La defensa del exjefe de producción del Niemeyer, Marc Martí, espera poder demostrar en el juicio que todas las cantidades que percibió fueron debidamente justificadas. La Fiscalía solicita para él año y medio de cárcel.
TPA Noticias ha intentado contactar, sin éxito, con José Luis Rebollo, exsecretario de la Fundación y para quien el ministerio público pide 2 años y 3 meses de cárcel por un delito societario.
Para el quinto acusado, el trabajador de la agencia de viajes de El Corte Inglés, la pena solicitada es de 8 años de prisión por malversación y estafa.
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