La instructora del 'caso Mareína' cree que todo debería haberse visto en un juicio

La Fiscalía señala que la instrucción del caso ya finalizó y no caben nuevas diligencias

La instructora del 'caso Mareína', en el que se investiga el presunto fraude de cerca de cuatro millones de euros en la entrega de material escolar a más de 80 colegios, coincide con la Fiscalía en que los hechos que ahora están sobre la mesa se podían haber beneficiado de un solo juicio y de una única pena.

Entienden que es un delito continuado y por ello consideran que, en el caso de que Iglesias Riopedre, María Jesús Otero y los empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín, sean condenados de nuevo, habría que descontarles la cuantía de la pena de cárcel ya impuesta en la sentencia anterior. Cada uno fue entonces condenado a algo más de cinco años de prisión.

No se produce, eso si, recalca en sus autos la magistrada, el efecto de cosa juzgada porque en este procedimiento se analiza el supuesto fraude en el suministro de material a más de 80 centros frente a los cinco que se analizaron en el 'caso Marea'.

Riopedre, Otero y los empresarios están ahora pendientes de que la Audiencia Provincial resuelva sobre los recursos que han presentado contra el auto de procesamiento. En él, la jueza, señalaba que había indicios suficientes para acusarles de un delito continuado de prevaricación, falsedad documental, malversación y cohecho.

Esta semana se cumplen 12 años desde que estallara la investigación sobre las irregularidades en la administración que acabó con la detención de Renedo, Otero, Riopedre y los empresarios.

La Fiscalía señala que la instrucción del 'caso Mareína' ya finalizó y no caben nuevas diligencias 

Las defensas de los empresarios procesados por el Caso Mareína reclaman que se incorpore a la causa todos los archivos informáticos que la Agencia Tributaria extrajo del registro realizado en Igrafo y Almacenes Pumarín hace 12 años. 

Creen que es fundamental para ejercer su derecho a la defensa, al estar ya las empresas liquidadas y no tener acceso a esa documentación. Una petición que rechaza la Fiscalía. 

El Ministerio Público considera que no se pueden practicar nuevas diligencias porque el plazo de instrucción del  'caso Mareína'​ ya ha terminado. Expiró hace unos días, el 19 de enero, sin que se hubiera acordado, señala, una nueva prórroga. No caben, por lo tanto, a su juicio, nuevas pruebas.